Servicios ecosistémicos

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el sector agropecuario es a la vez un pilar de la economía y uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, y que ya existen programas de producción baja en carbono en café y ganadería que demostraron que los suelos manejados con buenas prácticas capturan y almacenan carbono. El problema, dicen, es que no hay ningún incentivo ni mecanismo financiero que le reconozca a la persona productora esa mejora en los servicios que da el suelo.

Agregan que el fondo forestal del Estado lleva décadas pagando servicios ambientales de bosques y plantaciones, pero que sus reglas necesitan actualizarse para incluir el carbono en suelos agropecuarios. Sin ese marco institucional, incentivos y financiamiento, afirman, los modelos que ya están en marcha no logran escalar.

Citan a la FAO al describir el suelo como uno de los ecosistemas más complejos, que filtra agua, sostiene biodiversidad y almacena carbono, y mencionan compromisos climáticos del país que exigen bajar emisiones y mejorar la captura de carbono.

Qué dice el texto

• Qué se pasa a pagar: Amplía los servicios ambientales que la Ley Forestal reconoce: además de bosques y plantaciones, entran la reducción y absorción de gases de efecto invernadero de la agricultura y la ganadería y la captura de carbono orgánico en los suelos.
• La cuenta agropecuaria: Crea dentro del fideicomiso que administra FONAFIFO con el Banco Nacional una subcuenta agropecuaria, ejecutada según las instrucciones del MAG, cuyos recursos no pueden pasarse a otras subcuentas salvo permiso del MAG o gastos comunes.
• Quién cobra el pago: El servicio le pertenece al propietario, poseedor, arrendatario u otras figuras que defina el reglamento; para cobrarlo o venderlo hay que medir, reportar y verificar el resultado según estándares nacionales o internacionales.
• De dónde sale la plata: La subcuenta se financia con presupuesto nacional, préstamos internacionales, venta de carbono de suelos, donaciones, créditos y canjes de deuda, y transferencias del INDER con un tope sobre el presupuesto aprobado de esa institución.
• Venta de carbono afuera: Faculta a FONAFIFO a firmar contratos de reducción de emisiones dentro y fuera del país, en mercados regulados y voluntarios, con cláusulas de arbitraje y sin aplicar la Ley General de Contratación Pública; en lo agropecuario requiere aval del MAG.
• Quién lo ejecuta: El MAG y FONAFIFO deben firmar un convenio de cooperación, y la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG queda a cargo de aprobar instrumentos, firmar los contratos con productores y supervisar los proyectos financiados.
• Reglas para el suelo: Obliga al MAG a crear una metodología oficial con respaldo científico para valorar los servicios que da el suelo y un registro de productores con buenas prácticas, dentro de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.