Semillas criollas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las semillas criollas, locales, tradicionales, nativas y criollizadas no son solo material de siembra, sino memoria agrícola y patrimonio biocultural, y que el país las reconoce apenas de forma parcial: aparecen en el reglamento de la ley de agricultura orgánica y en la Política Nacional de Semillas, pero sin un respaldo legislativo que articule a las instituciones.

Citan a la FAO sobre el valor de los recursos fitogenéticos —el material vegetal con el que se hace mejoramiento de cultivos— frente al cambio climático, las plagas y la degradación de tierras, e investigaciones sobre maíces tradicionales según las cuales la conservación hecha por agricultores en sus fincas mantiene diversidad genética. Mencionan estudios costarricenses sobre maíz criollo, maíz pujagua, tacaco, cas y frijoles nativos.

Advierten que, sin reconocimiento legal, se pierde diversidad útil para la investigación y el mejoramiento vegetal y quedan expuestas a interpretaciones restrictivas prácticas tradicionales como el intercambio y el trueque. Citan a México, Perú y Ecuador como países que ya legislaron sobre sus semillas nativas.

Qué dice el texto

• Qué se declara: Declara de interés nacional la conservación, recuperación, investigación, documentación, siembra, uso sostenible, multiplicación y resguardo de las semillas criollas, junto con los conocimientos tradicionales asociados a ellas.
• El día nacional: Crea el Día Nacional de la Semilla Criolla; las instituciones públicas, municipalidades e instituciones autónomas podrán organizar ferias de intercambio, actividades escolares, huertas y capacitaciones dentro de sus competencias y presupuesto.
• Qué semillas cubre: Define y reconoce cinco categorías: criolla, criollizada (variedad traída de fuera que se adaptó al lugar con el tiempo), local, tradicional y nativa, además de las endémicas, propias del territorio del país.
• Prácticas protegidas: El Estado reconoce y protege el guardar, seleccionar, sembrar, multiplicar, cosechar, intercambiar sin fines comerciales y trocar semillas, y la transmisión de esos conocimientos entre generaciones.
• Los límites: Esas prácticas siguen sujetas a las reglas fitosanitarias, ambientales y de salud pública vigentes, y la ley no puede usarse para imponer controles administrativos que el ordenamiento no prevea.
• Sin nuevos trámites: No crea permisos, registros obligatorios, certificaciones, tasas ni cánones, y las ferias y bancos comunitarios de semillas no pueden recibir requisitos extra a los ya existentes en otras leyes.
• Quién sigue mandando: Deja intactas las competencias de la Oficina Nacional de Semillas, el Servicio Fitosanitario del Estado, el MAG, el MINAE y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, y se financia con los presupuestos ya existentes.