Gestión del PANI

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el PANI es la institución rectora en niñez y adolescencia, pero que su Ley Orgánica no establece entre sus fines que separar a una persona menor de edad de su familia deba ser una medida excepcional, ni fija obligaciones concretas para preparar a quienes se acercan a la mayoría de edad mientras siguen bajo protección estatal.

Sostienen además que existe preocupación porque las medidas de protección se extienden por períodos largos, y que hay diferencias de proceder entre las oficinas del PANI en el país porque el representante legal actúa con independencia de criterio. Agregan que los servicios de emergencia regionales ejecutan partes del proceso especial de protección —el procedimiento administrativo con que el PANI interviene ante amenazas o violaciones de derechos— apoyados en una interpretación que puede despertar cuestionamientos.

Citan la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y las Directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado, y afirman que sin estos ajustes no se logra vincular ese proceso con la ley que rige al PANI ni procurar la desinstitucionalización, o sea sacar a los niños de los albergues hacia entornos familiares.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 27 de enero de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Separación de la familia: Fija como fin del PANI que apartar a un niño o adolescente de su familia nuclear o extensa sea una medida excepcional, y privilegiar antes la familia extensa o el acogimiento familiar temporal comunitario frente al ingreso al sistema institucional.
• Volver con la familia: Obliga al PANI a gestionar, en el menor tiempo posible, el reintegro del niño con sus padres cuando estos cumplan el plan de trabajo del proceso administrativo o judicial y se compruebe que mejoraron sus capacidades protectoras.
• La rectoría del PANI: Faculta al PANI a ejercer rectoría técnica —capacitar, asesorar y supervisar— en órganos estatales, municipales, no gubernamentales y en la sociedad, en materia de derechos de personas menores de edad y de cumplimiento de las políticas públicas.
• Control de los albergues: Manda a la Gerencia Técnica del PANI monitorear y mantener un registro actualizado de los niños en albergues, alternativas privadas y acogimientos familiares comunitarios, para que su institucionalización no se prolongue más de lo necesario.
• Revisión de cada caso: Ordena valoraciones periódicas de cada caso entre Gerencia Técnica, Dirección Regional y Oficina Local; lo que decida la mayoría se aplica obligatoriamente, y se avisa antes a los padres para que aporten y se les comunica lo acordado.
• Antes de dar en adopción: Antes de recomendar la declaratoria judicial de abandono —paso previo a la adopción— debe constar en el expediente que se agotaron las opciones con la familia y hacerse los análisis de adoptabilidad del niño.
• Rendición de cuentas: Obliga al PANI a publicar una evaluación anual con estadísticas de desinstitucionalización y adopción, y advierte que incumplir estas obligaciones acarrea responsabilidad disciplinaria para los funcionarios.