Juegos de azar y JPS

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la lotería es una actividad reservada al Estado por medio de la Junta de Protección Social, y que con ese dinero se financian organizaciones y programas para personas adultas mayores, con discapacidad, con cáncer o en situación de calle. Sostienen que la digitalización trasladó buena parte del negocio a plataformas, aplicaciones y sistemas de pago electrónicos que operan sin autorización estatal.

Afirman que ese mercado sin permiso le resta recursos a los programas sociales, debilita la capacidad del Estado para vigilar el sector, aumenta el riesgo de fraude tecnológico y dificulta seguirle la pista a la plata. Citan estimaciones de la propia Junta de Protección Social sobre el peso del juego ilegal y estadísticas del Organismo de Investigación Judicial sobre el aumento de investigaciones por legitimación de capitales, es decir, lavado de dinero.

Mencionan además un escándalo de manipulación informática en una lotería estadounidense para argumentar que hacen falta controles sobre los programas que sortean los números, y citan los modelos de Reino Unido, Colombia, España y la provincia canadiense de Ontario como ejemplos de supervisión digital.

Qué dice el texto

• Quién manda en el sector: Deja a la Junta de Protección Social como única autoridad que autoriza, vigila y sanciona loterías, apuestas, apuestas deportivas y videoloterías, y a la vez como operadora de sus propios juegos, con separación entre ambas funciones.
• Los permisos a privados: Permite a la Junta otorgar títulos habilitantes, o sea permisos estatales para operar, a empresas nacionales o extranjeras que demuestren solvencia, dueños identificados, antecedentes limpios y sistemas certificados.
• A quién le aplica: Alcanza a quien venda u opere juegos de azar desde el país y también desde el exterior si apunta al mercado costarricense: publicidad, servicio en español o acceso libre desde Costa Rica cuentan como estar dirigido aquí.
• Cómo se puede pagar: Obliga a que todas las apuestas y premios se muevan en moneda de curso legal y prohíbe criptoactivos y monedas virtuales, salvo excepciones que autorice la Junta para poder rastrear las operaciones.
• Menores y ludopatía: Prohíbe del todo que participen menores de edad y exige verificación de edad e identidad, límites de depósito y de tiempo, autoexclusión voluntaria y publicidad que no incite al juego compulsivo.
• Qué queda por fuera: No aplica a casinos, al juego Crea ni al Bingo de la Cruz Roja, ni a rifas familiares o escolares, sorteos promocionales de comercios y actividades benéficas de asociaciones de desarrollo comunal inscritas.
• Cárcel por operar sin permiso: Crea un delito en el Código Penal con prisión para quien organice, administre, comercialice o financie juegos de azar sin permiso, con pena mayor si hay menores de por medio, plataformas para evadir controles o reincidencia.
• Decomiso de equipos: Autoriza a aduanas, Policía de Control Fiscal y otras policías a incautar equipos, aparatos y programas hallados en revisiones cuando se usen para operar juegos de azar sin permiso.