Control de explosivos

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma parte de que la Ley de Armas y Explosivos, la ley 7530 de 1995, fue hecha en un contexto tecnológico distinto y se quedó corta frente al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal. Sostiene que la información sobre compra, transporte, almacenamiento y uso de explosivos está dispersa y poco digitalizada, lo que dificulta detectar desvíos, controlar remanentes e investigar delitos.

Afirma también que hay vacíos respecto de las instituciones públicas que usan explosivos o sustancias precursoras —químicos con los que se pueden fabricar explosivos— y que el Estado debería someterse a los mismos estándares de inventario y control.

Cita que en 2024 la secretaria general de Interpol, la organización internacional de policía criminal, manifestó preocupación por el aumento del uso de explosivos por parte de grupos criminales, y menciona la sentencia 09220-2019 de la Sala Constitucional sobre la potestad estatal de regular actividades peligrosas.

Qué dice el texto

• El registro obligatorio: Crea el Sirnade, un registro digital obligatorio en la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, donde hay que anotar permisionarios, personal, compras, transporte, bodegas, inventarios, uso y destrucción.
• Para sacar el permiso: Quien pida autorización debe sumar certificación técnica, inspección previa del sitio, protocolos aprobados, póliza de responsabilidad civil, control de inventario, personal capacitado y estudio de antecedentes penales y administrativos.
• Las instituciones públicas: Toda entidad estatal que use explosivos debe nombrar un responsable técnico certificado, llevar inventario digital, reportar movimientos cada mes y someterse a auditorías; incumplir acarrea responsabilidad administrativa, civil y penal.
• El transporte: Exige vehículos certificados, geolocalización y monitoreo en tiempo real, rutas autorizadas, protocolos de emergencia y custodia especializada si Armamento lo pide. Prohíbe transportar en horarios o condiciones de riesgo alto.
• Si hay pérdida o robo: Quien tenga explosivos asume un deber especial de custodia y responde administrativa y civilmente por pérdida, robo, desvío, almacenamiento indebido u omisión de controles, salvo que pruebe caso fortuito o fuerza mayor.
• Inspecciones y cierre: Armamento puede inspeccionar en cualquier momento inventarios, sistemas, polvorines y registros; negarse sin justificación suspende el permiso de inmediato, y también se puede revocar por inconsistencias o riesgo para la seguridad.
• Precursores y plazo: El Poder Ejecutivo reglamentará el control de sustancias precursoras —químicos con los que se pueden fabricar explosivos—, pudiendo fijar licencias y límites de compra. Quienes ya tienen permisos cuentan con doce meses para adecuarse.