Gestión crediticia con fondos públicos

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el crédito que se da con dinero público creció de forma desarticulada. Según dicen, los entes se crearon para responder a problemas puntuales y no como parte de un plan nacional. Afirman que, a diferencia de los bancos, ese crédito no tiene un marco común ni supervisión integral, lo que genera ineficiencias, duplicidades y poca transparencia.

Citan informes de la Contraloría General de la República con deficiencias en entidades como el INVU, Judesur y el Inder. Según esos informes, solo la mitad de las entidades puede detectar si una persona ya tiene otro crédito público con el mismo fin. También señalan que el 57,1% no tiene políticas formales para manejar el riesgo de crédito.

Advierten que la falta de controles expone a estas entidades a ser usadas para legitimar capitales, o sea lavar dinero. Sostienen además que las condonaciones de deuda sin estudios deterioran la cultura de pago y aumentan la morosidad. Afirman que no actuar no es una opción responsable.

Qué dice el texto

• A quién aplica: A instituciones, juntas, fondos y fideicomisos públicos que prestan con recursos públicos fuera de la supervisión bancaria. Incluye los fondos especiales del Banco Popular y el Fodemipyme, fondo para micro, pequeñas y medianas empresas.
• El registro único: Crea un sistema a cargo de la Sugef donde estos entes deben registrar cada crédito y sus beneficiarios. Al gestionar sus préstamos deben usarlo junto con el Sinirube, el registro nacional de beneficiarios del Estado.
• Los requisitos: Quien reciba un crédito debe estar al día con la CCSS y con Hacienda. Cada entidad necesita una política de crédito aprobada por su dirección, un comité de crédito y sistemas para detectar duplicidades.
• Quién paga: Los entes pagan una contribución anual de hasta 0,03% de lo que desembolsan en crédito directo. El Banco Central pone el 50% restante del costo de la fiscalización.
• Perdonar deudas: Toda condonación, o sea perdón de una deuda, debe basarse en estudios técnicos y financieros que midan su impacto y los motivos del impago. Usar fondos públicos para condonar sin ley expresa es falta gravísima.
• Las sanciones: Alcanzan a directivos y responsables de programas de crédito: amonestación escrita por faltas leves y suspensión sin salario de 1 a 30 días hábiles por graves. Las gravísimas se castigan con despido sin responsabilidad patronal, o sea sin indemnización.
• Fusión o cierre: Mideplán tiene doce meses para estudiar si estas entidades siguen cumpliendo sus fines. Puede recomendar fusionarlas, reorganizarlas, modernizarlas o cerrarlas.