Bambú

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el desarrollo del bambú en el país ha sido marginal, disperso e informal: falta un marco legal específico, los incentivos públicos son débiles, no hay cadenas de valor articuladas y la investigación aplicada es mínima. Citan que existen alrededor de 1.200 hectáreas plantadas, de las cuales más del 68% permanece subutilizada, sin aprovechamiento comercial efectivo, y con las plantaciones concentradas en pocas manos.

Plantean que sin un marco jurídico y sin incentivos el sector no despega, y que el país sigue arrastrando desafíos de empleo rural, acceso a vivienda y pobreza. Mencionan las regiones Huetar Norte, Chorotega y Pacífico Central como zonas con condiciones de suelo y clima aptas pero desaprovechadas.

Citan a la UCR y al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para afirmar que el déficit habitacional va de 145.184 a 718.495 viviendas, cerca del 40% de los hogares, y señalan que el comercio mundial de productos de bambú y ratán —la fibra de palma trepadora— supera los 60.000 millones de dólares al año.

Qué dice el texto

• Qué declara: Declara de interés público y nacional producir, comercializar, investigar e industrializar bambú, con énfasis en vivienda de interés social, alimentos, productos biodegradables y madera de bambú.
• A quién aplica: Cubre a toda persona física o jurídica que produzca, industrialice, comercialice o investigue bambú en el territorio nacional, siempre que la actividad calce con los fines de la ley.
• El requisito: Los incentivos se otorgan solo a proyectos con plan de manejo técnico —cómo se cultiva y aprovecha— aprobado por el MAG, con lineamientos del INTA, instituto que queda a cargo de la investigación y del material de siembra certificado.
• Los impuestos: Permite exonerar el impuesto de importación de maquinaria, equipo e insumos usados solo para procesar bambú, por un máximo de cinco años, con aval del MAG y de Hacienda, y deducir de la renta lo invertido en investigación e industrialización.
• El tope fiscal: Las exoneraciones se tramitan ante Hacienda y se evalúan según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), quedan atadas a metas de sostenibilidad fijadas por reglamento y, si hay choque de normas, prevalece esa ley.
• El crédito: Autoriza a la banca pública y al Sistema de Banca para el Desarrollo a crear líneas de crédito verde preferencial y garantías, y habilita a Fodemipyme y otros fondos públicos a financiar cultivo, industrialización y asociatividad.
• Las compras del Estado: Las instituciones públicas procurarán —no quedan obligadas— comprar productos de bambú que cumplan los requisitos técnicos del MEIC y del MAG, con prioridad para cooperativas, asociaciones de desarrollo integral y mipymes registradas.