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El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el Estado postergó por décadas la inversión en edificios públicos y que muchas instituciones trabajan en inmuebles deteriorados, con filtraciones, plagas, órdenes sanitarias e incumplimientos de la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Agregan que ministerios como Ambiente, Cultura, Educación Pública y Obras Públicas operan en varios edificios repartidos por el Gran Área Metropolitana, lo que dificulta la coordinación y obliga a la ciudadanía a andar de oficina en oficina.

Afirman que, al no haber una política de planificación de la infraestructura estatal, las administraciones recurrieron a alquilar locales privados, con un costo alto y permanente. Citan el estudio de preinversión de Mideplan de 2024, según el cual más de treinta y cinco dependencias podrían integrarse en un solo complejo, y calculan un ahorro en alquileres de al menos 26 millones de dólares anuales y mejoras de productividad para más de diez mil funcionarios.

Plantean además que concentrar oficinas públicas en el centro de San José ayudaría a revertir el despoblamiento, el deterioro de edificios y la pérdida de actividad económica de esa zona.

Qué dice el texto

• Quién decide y quién entra: Una comisión de los ministros de Planificación, Obras Públicas, Hacienda y Vivienda propone cuáles instituciones se trasladan y el Consejo de Gobierno lo aprueba; las entidades autónomas solo entran si sus jerarcas lo aceptan.
• El contrato con el BCIE: Hacienda queda autorizada a firmar sin concurso con el BCIE un arrendamiento de bien por construir: el banco diseña, construye y financia la obra y luego se la alquila al Estado, por un plazo inicial de hasta 30 años, prorrogable hasta 50.
• Las obras y el control: Las contrataciones de diseño y construcción que haga el BCIE deben adjudicarse por licitación abierta según las reglas de compras del banco, y el contrato queda sujeto al refrendo de la Contraloría, o sea su visto bueno previo.
• El precio del alquiler: El propio Ministerio de Hacienda hace el avalúo que acredita que la cuota es razonable: uno preliminar con el anteproyecto del BCIE para firmar el contrato y otro definitivo con el edificio ya construido.
• El terreno del Estado: Las instituciones dueñas de terrenos públicos pueden darle al BCIE un derecho de uso de hasta 50 años para construir ahí. La ley prohíbe traspasarle la propiedad del terreno al banco o a terceros.
• Si el Estado no renueva: Vencido el plazo inicial sin prórroga, el BCIE puede alquilar los espacios a terceros por lo que quede del derecho de uso, pagándole un canon al dueño del terreno; o Hacienda puede pedirle que le entregue las obras y el equipamiento.
• El lote del Liceo de Costa Rica: Deroga la ley de 1974 que donó al Liceo de Costa Rica el lote de los talleres del MOPT: su Junta debe reintegrar la propiedad al ministerio en 30 días naturales y el MEP debe garantizar que las actividades educativas sigan.