Zonas francas en Puntarenas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el régimen de zonas francas creado por la Ley 7210 sí atrajo inversión extranjera, pero que esa inversión se concentró en la Gran Área Metropolitana porque ahí están las universidades, los proveedores industriales y los aeropuertos. Sostienen que, aunque la ley no prohíbe instalarse fuera del Valle Central y hasta ofrece condiciones más favorables, razones estructurales mantienen a las empresas cerca de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, y que eso limitó el impacto del régimen en las regiones costeras.

Describen a Puntarenas como una de las provincias más rezagadas, con pobreza alta, poca diversificación productiva y dependencia de actividades estacionales como la pesca y el turismo. Citan que las regiones costeras concentran alrededor de un 9,7% de hogares en pobreza extrema; que para 2025 la pobreza por ingresos llegó a 20,5% en la región Pacífico Central y 23,8% en la Brunca; y que en el primer trimestre de 2026 el desempleo fue de 10,6% en el Pacífico Central y 9,2% en la Brunca.

Agregan que las mejoras nacionales en empleo e ingresos no se reparten parejo y llegan menos a las regiones periféricas, mientras la provincia tiene ventajas sin aprovechar: Puerto Caldera, terrenos disponibles, la Carretera Interamericana Sur y la cercanía con Panamá.

Qué dice el texto

• Dónde aplica: Crea un régimen especial de zonas francas logístico-industriales solo dentro de la provincia de Puntarenas y su zona sur; la exposición de motivos nombra Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y Puerto Jiménez.
• Qué empresas entran: Pueden acogerse, entre otras, centros logísticos y de distribución internacional, manufactura ligera y avanzada para exportar, agroindustria, procesamiento de productos marinos y pesqueros y servicios ligados al comercio marítimo y portuario.
• Los beneficios extra: Además de los incentivos de la Ley de Régimen de Zonas Francas, baja los montos mínimos de inversión que se exigen fuera de la Gran Área Metropolitana y da trámite prioritario y simplificado para los permisos de operación.
• El acceso a infraestructura: Las empresas del régimen tienen acceso preferente a la infraestructura logística, industrial y portuaria desarrollada bajo este esquema, y el Poder Ejecutivo debe promover parques industriales cerca de Puerto Caldera y en la zona sur.
• La capacitación: Obliga al Estado a sostener programas permanentes de formación técnica y reconversión laboral, o sea recapacitar a quien cambia de oficio; el INA, las universidades públicas y las municipalidades pueden ajustar su oferta a esas actividades.
• El empleo local: Las empresas acogidas deben participar en la definición de los perfiles ocupacionales y competencias que requieren, para facilitar la contratación prioritaria de mano de obra local ya certificada o capacitada en esos programas.
• La regla ambiental: Las actividades del régimen deben cumplir íntegramente la normativa ambiental vigente y promover sostenibilidad, eficiencia energética, innovación tecnológica y economía circular: reaprovechar materiales en vez de desecharlos.