Secreto bancario en investigaciones penales

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la lentitud judicial en las investigaciones penales causa daños irreparables: mientras pasa el tiempo sin un plazo definido, dicen, se pueden distraer bienes o capitales, degradar indicios y encubrir los delitos con actos de simulación. Señalan que una de las diligencias más rezagadas es la resolución de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, información que consideran clave para que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial tracen líneas de investigación y ubiquen rápido patrimonios defraudados o dinero de otros delitos.

Explican que el secreto bancario está protegido en el Código de Comercio, que declara inviolables las cuentas corrientes, y que los bancos solo entregan datos con autorización escrita de la persona titular o por orden de una autoridad judicial. Descartan la primera vía: pedirle permiso al dueño de la cuenta, afirman, lo pondría sobre aviso y le permitiría esconder o mover el dinero, por lo que la única salida sería una resolución del juez, dictada con prontitud.

Agregan que la banca digital permite hacer desde el teléfono o la web trámites que antes exigían ir a una sucursal, y sostienen que hay quienes aprovechan esas facilidades para borrar rastros del delito más rápido; por eso, dicen, las actuaciones judiciales deben acelerarse al mismo ritmo.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 6 de marzo de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Plazo para el juez: Cuando la solicitud de secuestro, registro o examen se refiera a información bancaria, el juez queda obligado a resolverla dentro de un plazo fijo de días naturales (corridos, sin descontar fines de semana ni feriados) desde que se presentó.
• Crimen organizado: En investigaciones por delincuencia organizada mantiene el levantamiento del secreto bancario de los imputados y de personas u empresas vinculadas, y fija que el juez debe resolver, a pedido del Ministerio Público, dentro de un plazo en días naturales.
• Qué debe hacer el banco: Las entidades financieras y las que forman parte de un grupo financiero quedan obligadas a resguardar información, documentos, valores y dineros que sirvan de prueba, y a congelar o depositar en el Banco Central los fondos que tengan en custodia.
• Desde cuándo y hasta cuándo: Esa obligación nace cuando la entidad recibe aviso formal de las autoridades sobre la investigación o el proceso penal, o cuando ella misma denuncia, y termina cuando se le notifique la desestimación, archivo, sobreseimiento o sentencia absolutoria firme.
• Congelamientos preventivos: Si la investigación la lleva la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas, esta debe informar al Ministerio Público para que, en un plazo perentorio, valore pedirle al juez la medida cautelar.
• Si nadie pide la orden: Vencido ese plazo sin orden del juez que confirme la medida, las entidades financieras deben levantar las acciones preventivas: se descongelan los fondos y cesa la retención.
• La orden escrita: Se mantiene que toda orden de secuestro, registro o examen se dicte por auto fundado, bajo pena de nulidad, señalando los documentos, quién los tiene y dónde están; lo que se secuestre de más debe devolverse salvo que el juez amplíe la orden.