Amparos de legalidad
Nombre oficial: Ley para Brindar Seguridad Jurídica a la Interposición de Amparos de Legalidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Dónde va
Ver quién lo presentó
- Grethel María Ávila Vargas · Pueblo Soberano
La vota la comisión que la estudia
Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite
Por qué
Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos
La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.
Qué sigue
La comisión espera las respuestas de las instituciones consultadas para seguir con el estudio del proyecto.
De qué trata
Fija reglas para presentar amparos de legalidad
Establece reglas para la presentación de los amparos de legalidad —el reclamo judicial que se plantea cuando la Administración no resuelve lo que le corresponde— ante los tribunales contencioso administrativos.
Para conversar
El problema que dice venir a resolver
Quienes lo firman parten de que el amparo de legalidad nació de resoluciones de la Sala Constitucional del 2008, que le trasladó a la jurisdicción contencioso-administrativa los reclamos por falta de respuesta de la administración pública, y ordenó tramitarlos sin mayores formalidades, gratis, impulsados por el propio tribunal y sin necesidad de abogado. Citan también un voto de la Sala Primera de 2009 que reafirmó esa ausencia de formalidades.
Sostienen que en la práctica eso no se cumple, porque el Código Procesal Contencioso Administrativo exige aportar copias de todo escrito para cada parte del proceso. Según el texto, los tribunales previenen a la gente que entregue copias físicas en plazos de hasta 24 horas, bajo amenaza de declarar inadmisible el reclamo y archivarlo, incluso cuando se presentó por la plataforma electrónica del Poder Judicial.
Afirman que dejar esa regla sin cambiar choca con el derecho a una justicia pronta y cumplida del artículo 41 de la Constitución, y que por eso es imperativo dejarlo escrito en el Código.
Qué dice el texto
- Qué se prohíbe: El tribunal no puede hacer ninguna prevención de inadmisibilidad por falta de copias en un amparo de legalidad: no puede exigir copias bajo amenaza de rechazar y archivar el caso.
- A cuáles casos aplica: Solo al proceso de amparo de legalidad, el que se presenta cuando la administración pública no contesta dentro de los plazos de ley. El resto de procesos sigue con la regla de aportar copias.
- En papel o por internet: La protección vale igual si el amparo se presentó físicamente o de forma electrónica; el texto lo dice expresamente para ambas vías.
- Qué debe hacer el juez: La autoridad jurisdiccional queda obligada a tramitar, impulsar de oficio —es decir, mover el proceso por su propia cuenta, sin que la persona tenga que pedirlo— y darle curso inmediato a la demanda.
- Dónde se mete el cambio: Se agrega un párrafo al artículo sobre copias del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508, que mantiene la exigencia general de aportar copias para todas las partes del proceso.
El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 17 de agosto de 2026. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.
El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.713).
Lo último en el registro del expediente
Se le asignó la comisión que lo va a estudiar, según la tramitación oficial del expediente.
lun, 24 ago · Trámite oficial