Patrimonio familiar

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma parte de que el Código de Familia deja que la persona dueña de una vivienda la afecte a patrimonio familiar —someterla a un régimen que restringe venderla, gravarla o que la persigan acreedores personales— a favor de su cónyuge o conviviente y de sus hijos e hijas, pero no dice de manera expresa si esos hijos pueden ser también los de la pareja.

Sostiene que ese vacío golpea a las familias reconstituidas o ensambladas, o sea aquellas donde uno o ambos miembros de la pareja traen hijos de una relación anterior: una lectura registral estricta puede concluir que el hijo de la conviviente no califica como beneficiario por no tener vínculo filial con el dueño, aunque viva en esa casa y dependa de su estabilidad. Afirma que la seguridad jurídica exige una regla clara en la ley y no dejarle esa decisión al criterio del registrador.

Invoca el artículo 51 de la Constitución, el interés superior de la persona menor de edad y la Convención sobre los Derechos del Niño, y cita como antecedente la Ley 9580 de 2018, que amplió el patrimonio familiar a hijos mayores de edad que requieren alimentos y a adultos dependientes.

Qué dice el texto

• Quién puede ser beneficiario: La persona dueña puede afectar su vivienda a favor de su cónyuge o conviviente y de los hijos e hijas menores o mayores de edad, y se aclara que no se necesita vínculo de filiación con los hijos de su pareja.
• Sigue siendo voluntario: La afectación la hace el propietario si quiere: el proyecto no obliga a nadie a proteger su casa bajo este régimen, solo amplía el abanico de personas que puede incluir como beneficiarias.
• Los hijos mayores de edad: Los hijos e hijas mayores de edad pueden ser beneficiarios mientras requieran alimentos, o sea mientras dependan económicamente de la manutención familiar.
• Adultos dependientes: Se mantiene la posibilidad de afectar la casa a favor de personas adultas que no pueden cubrir sus necesidades básicas, si pertenecen al grupo familiar, habitan el inmueble y tienen discapacidad con apoyos permanentes o están en la vejez.
• Cuándo se acaba la protección: Cesa por muerte de las personas beneficiarias y, en los hijos mayores de edad de cualquiera de los dos miembros de la pareja, cuando dejen de requerir alimentos; en los adultos dependientes, cuando supere la dependencia económica.
• Cómo se tramita y cuánto cuesta: Tanto la afectación como su cesación se hacen en escritura pública y se inscriben en el registro, y surten efecto desde la fecha de inscripción. No pagan impuestos ni derechos de registro.
• No crea parentesco: El proponente plantea la medida como de efecto solo patrimonial: incluir al hijo de la pareja no sería reconocimiento de filiación ni generaría obligación alimentaria, responsabilidad parental ni derecho de herencia.