Alianzas público-privadas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que Costa Rica arrastra un rezago en infraestructura, sobre todo vial, y en la modernización de servicios públicos como el transporte remunerado de personas, lo que —dicen— golpea la competitividad y la calidad de vida. Sostienen que el país pasó de un modelo de obras por contrato del MOPT a ser el de menor presupuesto de construcción de obra en Centroamérica, y que al trasladar el diseño y la contratación de obra al Conavi se atascaron proyectos grandes, algunos con plazos de construcción que superan los quince años.

Citan diagnósticos del Lanamme de la UCR y del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, y mencionan que el Índice de Competitividad Global de 2018 le da al país 4,3 puntos de 7 en infraestructura. Agregan que la flota vehicular creció más de un 400% y que, pese a que la Ley de Concesiones tiene 21 años de vigencia, apenas se han completado 5 proyectos y uno, la carretera San José-San Ramón, fue rescindido en 2012.

Afirman que, ante un Estado sin recursos suficientes, las alianzas público-privadas —contratos de largo plazo en que un privado pone inversión y comparte riesgos con la institución pública— son la salida, y citan a organismos internacionales que hablan de ahorros de hasta un 17% en el costo de construcción bajo ese modelo.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 25 de abril de 2022. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Qué permite: Habilita a cualquier entidad pública a encargarle a una empresa privada, nacional o extranjera, diseñar, construir, equipar, operar y mantener obras y servicios públicos, pagándole con el derecho a explotarlos económicamente.
• La paga al privado: El ingreso del contratista depende de que la obra esté disponible y cumpla los niveles de servicio y calidad. El contrato puede incluir ingresos mínimos garantizados, o sea un piso de plata respaldado por la Administración.
• Propuestas privadas: Quien le proponga un proyecto al Estado y este requiera plata pública recibe una bonificación de entre 3% y 10% sobre su calificación en el concurso; si no gana, el adjudicatario debe pagarle el costo de los estudios.
• Garantías del Estado: El Estado puede respaldar los préstamos que tome el ejecutor del proyecto e hipotecar inmuebles suyos de dominio privado para responder por sus obligaciones; esa hipoteca requiere aprobación de la Contraloría.
• Universidades e INA: Autoriza a universidades públicas, parauniversitarias, colegios universitarios y al INA a hacer estas alianzas en sus campos académicos y a crear fundaciones, empresas y sociedades con incentivos de empresas de base tecnológica.
• El contrato: Cada alianza obliga a constituir una sociedad nacional dedicada solo a ese proyecto, y el 1% del valor total va a que el Consejo Nacional de Concesiones capacite funcionarios y asesores. El contratista puede subcontratar hasta el 50% sin pedir permiso.
• Control y pleitos: La entidad contratante supervisa y debe contratar un supervisor independiente que responde civil y penalmente; las partes pueden pactar arbitraje en Costa Rica y en español, pero la validez de los actos administrativos solo la deciden los tribunales.