Economía social solidaria

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las cooperativas, las asociaciones solidaristas y otras organizaciones que hacen actividad económica sin tener el lucro como fin carecen de un reconocimiento legal como sector propio de la economía. Citan retos que esas mismas organizaciones señalaron en un taller de 2004: su dispersión, el poco conocimiento de su propia realidad y su escaso peso en las políticas públicas.

Argumentan que la Constitución compromete al Estado a fomentar la cooperación y las organizaciones solidarias. Plantean que una ley marco, o sea una ley de reglas comunes para todas ellas, serviría para visibilizarlas, facilitar que se integren entre sí y garantizarles acceso a financiamiento y apoyo.

Afirman que más de un millón de personas participan como asociadas en estas empresas. Citan una resolución de la ONU de 2024 que alienta a los países a crear marcos jurídicos para este sector. Citan además pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo de 2022 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2024.

Qué dice el texto

• Quiénes entran: Cooperativas, asociaciones solidaristas, Asadas (asociaciones que administran acueductos comunales), sociedades anónimas laborales, y asociaciones comunales y fundaciones con actividad empresarial, entre otras. Cada una sigue regida por su propia ley.
• El registro: El Ministerio de Trabajo lleva un directorio público con datos de cada entidad: asociados por género, empleos, capital y resultados. Si una pide entrar y no le responden en treinta días, queda incluida.
• El consejo: Crea el Conaess, un consejo del Ministerio de Trabajo presidido por el ministro, con otros jerarcas, representantes del sector y especialistas, que diseña y evalúa las políticas de fomento.
• El crédito: Autoriza, sin obligar, a los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular y al Infocoop a crear programas de financiamiento. Además, estas entidades cuentan como pymes y como sujetos de crédito del Sistema de Banca para el Desarrollo.
• Las municipalidades: Pueden hacerse socias de estas entidades, donarles bienes o aportar capital a proyectos comunitarios, previa valoración técnica, y crear con ellas programas de cuido infantil, adultos mayores y jóvenes en riesgo.
• Otras instituciones: El INA debe incluir la economía social solidaria en su formación emprendedora; el Consejo Nacional de Producción debe apoyar a las entidades agrícolas y pecuarias, y el ICT, su turismo rural y comunitario.
• Las alianzas: Dos o más entidades pueden formar consorcios, o sea entidades conjuntas con personalidad jurídica propia. Cinco o más de un mismo sector pueden crear asociaciones para defender sus intereses, y cinco de estas, confederaciones nacionales.