Adquisición de terrenos y expropiaciones

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las obras públicas se atrasan porque el Estado no logra disponer a tiempo de los terrenos por donde pasa el trazado, problema que se agrava en zonas urbanas densamente pobladas y que termina judicializado. Agregan que la Ley General de Contratación Pública obliga a tener esos terrenos antes de contratar y a acreditarlo ante la Contraloría.

Citan la ampliación Barranca-Limonal: iniciada en 2020 y prevista para enero de 2023, a esa fecha llevaba un 18% de avance, y de 400 millones de dólares de préstamo quedaron 150 sin ejecutar. Mencionan una indemnización de unos 13,3 millones de dólares a la constructora de la ruta Limonal-Cañas por sobrecostos ligados a la falta de terrenos.

Sobre la ruta 32 dicen que el plazo de obra creció 857 días, un 83% sobre el original, y que un 25% del tiempo reconocido a la empresa se debió a atrasos en expropiaciones. Advierten que, sin cambios, siguen los sobrecostos, los intereses de los préstamos y los rediseños que reducen la capacidad de las vías.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 3 de junio de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Qué reemplaza: Deroga la Ley de Expropiaciones de 1995 y pone en un solo texto la compra directa, la donación y la expropiación de terrenos para obras del Estado o para obras que después se concesionen a privados.
• El incentivo por vender: A quien acepte vender de forma voluntaria se le paga un 10% adicional sobre el avalúo administrativo, o sea sobre el precio que fija el propio Estado, para evitar el pleito judicial.
• Entrar al terreno: Si el dueño no acepta el precio, el juez ordena la entrega del inmueble con solo verificar el depósito del avalúo: la discusión sobre el monto no frena la obra y se resuelve hasta la sentencia.
• La plata mientras se discute: El expropiado puede pedirle al juez que le gire el avalúo ya depositado sin renunciar a reclamar más; la indemnización final no puede pasar del monto mayor estimado en los avalúos y se paga en efectivo, salvo que acepte títulos valores.
• Los peritos: El juez toma al perito de una lista rotativa de los colegios profesionales; tiene tres días para aceptar y quince naturales para el dictamen, o sale de la lista por un año. Se le paga por hora, nunca un porcentaje del valor del terreno.
• Ocupación temporal: La Administración puede ocupar un terreno privado por un plazo máximo de cinco años con resolución motivada e indemnización; el dueño inconforme reclama ante el jerarca en tres días hábiles y le deben resolver en dos meses.
• La oficina nueva: Crea la Dirección General de Adquisición de Bienes Inmuebles y Expropiaciones, adscrita al MOPT, que hace los avalúos, administra las propiedades compradas por ese ministerio y dicta lineamientos para instituciones y municipalidades.