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Ambiente y energía · 25.289

Seguro solidario ante desastres

Nombre oficial: Ley de resiliencia contra desastres naturales y seguro solidario para la atención de emergencias producidas por los desastres vinculados al cambio climático, la variabilidad climática y los riesgos geológicos

Dónde va

1
Apenas nace
3 meses
Presentado · 11 nov 2025 – 2 feb 2026
Ver quién lo presentó

Pedro Rojas Guzmán

2
En estudio
6 meses y contando
En comisión · 2 feb 2026 – 16 ago 2026

La vota la comisión que la estudia

Ver en qué comisión se vio
  • Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturalesdesde el 9 feb 2026

Según la tramitación oficial de la Asamblea.

3
En debate
Plenario

Necesita la mayoría de quienes estén presentes (29 si votan los 57) · puede subir a 38 durante el trámite

Por qué

Mayoría absoluta — 29 de 57 si votan todos

La regla general (art. 119) es la mitad más uno de los diputados presentes: 29 si votan los 57. Para algunos proyectos, un informe del Departamento de Servicios Técnicos o un criterio de la Sala Constitucional puede elevar el requisito a 38; eso se determina durante el trámite, no se sabe de antemano.

Constitución, art. 119
4
Voto final
2.º debate
5
¡Ya es ley!
Publicada
Hay pasos que este proyecto ya dejó atrás y que no presenciamos: seguimos las sesiones desde mayo de 2026.

La estudia la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales · 9 diputaciones

Karen Alfaro
presidencia
Liberación Nacional
Osvaldo Artavia
secretaría
Pueblo Soberano
Álvaro Ramírez
Liberación Nacional
Ana Esquivel
Pueblo Soberano
Ariel Mora
Pueblo Soberano
Claudia Dobles
Agenda Ciudadana
José Flórez
Frente Amplio
Mangell Lean
Liberación Nacional
María Camareno
Pueblo Soberano

Qué sigue

La subcomisión tiene 60 días hábiles más para rendir su informe.

De qué trata

Crea un esquema de resiliencia y un seguro solidario para atender las emergencias provocadas por desastres vinculados al cambio climático, la variabilidad climática y los riesgos geológicos.

Para conversar

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que Costa Rica está expuesta a casi todas las amenazas naturales conocidas —sismos, volcanes, deslizamientos, inundaciones, tsunamis— por estar en una zona de choque de placas tectónicas, y que el cambio climático intensifica lluvias extremas, sequías y tormentas. Citan un mapa integrado de amenazas de 2023 según el cual cerca del 60% del territorio continental está en zonas de alta y muy alta amenaza.

Sostienen que la respuesta del Estado sigue siendo asistencial e improvisada: se construye con las mismas normas generales en sitios de altísimo peligro, sin cartografía de detalle ni condicionamientos de riesgo, y la atención de emergencias depende de deuda o de recortes presupuestarios después del evento. Afirman que cerca del 90% de las fuentes de amenaza pueden identificarse en mapas detallados, y que prevenir es al menos ocho veces más barato que corregir.

Citan datos del Ministerio de Hacienda sobre más de USD 4.500 millones en costos directos por desastres en treinta años, pérdidas cercanas al 1% del PIB por la tormenta Nate de 2017 y unos USD 330,8 millones en 2021 según Conare, además de 2.848 viviendas dañadas o destruidas entre 2016 y 2020 según la CNE.

Qué dice el texto

  • El cobro: Establece una contribución de un dólar por mes por cada línea de telefonía móvil activa. Las operadoras la cargan en la factura y trasladan lo recaudado al fondo dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre de facturación.
  • Quién no paga: Quedan exentas las personas beneficiarias de programas de protección social del IMAS y otras que defina el reglamento.
  • En qué se gasta: Del fondo, 60% va a reaseguro y compra de seguros —trasladarle a aseguradoras el costo de catástrofes—, 20% a ayuda a personas afectadas, 10% a mapas de amenazas de detalle y 10% a una app de riesgo y educación.
  • La ayuda a afectados: La CNE define por reglamento cómo reparte la ayuda a víctimas, tomando en cuenta la capacidad económica de recuperación de cada quien y dando prioridad a madres jefas de hogar con niños y a personas adultas mayores.
  • Permisos y planos: Los mapas de amenazas pasan a ser de uso obligatorio para planes reguladores y permisos de construcción en municipalidades, INVU y Mivah. El funcionario que otorgue un permiso contra esa cartografía responde administrativa, civil y penalmente.
  • Crédito y vivienda: Los bancos no podrán financiar proyectos en zonas de muy alta amenaza salvo mitigación efectiva demostrada, y nunca en riesgo extremo. Un proyecto inmobiliario en zona de alta amenaza deberá presentar antes una evaluación ambiental con análisis de riesgo.
  • Casas ya construidas: En riesgo extremo, las edificaciones existentes se someten a análisis técnico que puede terminar en reubicación, desocupación o reforzamiento. En amenaza muy alta se promueven obras de refuerzo y seguros que pagan al superarse umbrales de lluvia o sismo.

El porqué sale de la exposición de motivos y los puntos, del articulado del texto presentado el 11 de noviembre de 2025. El argumento es de quienes lo firman; el proyecto puede cambiar durante el trámite.

El expediente completo —con el texto del proyecto— está en la consulta de expedientes de la Asamblea (se busca con el número 25.289).

Qué pasó la semana del 10 al 16 de agosto

Mientras el proyecto permanece en subcomisión, la comisión aprobó por unanimidad, con ocho votos a favor y cero en contra, una moción para consultarlo a la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica. En la sesión siguiente solo se dejó constancia de que el expediente sigue en estudio en la subcomisión.

Fuente: las actas de la sesión 10 de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales (mar, 11 ago) y la sesión 11 de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales (mié, 12 ago). La Asamblea no permite enlazarlas directo: se buscan por fecha en su consulta de actas de comisiones.