Radio y Televisión

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la radio y la televisión se rigen por la Ley de Radio N.º 1758, de 1954, cuando en el país no había televisión ni radio en FM, y que esa ley no define los tipos de radiodifusión —pública, religiosa, comunitaria o comercial— ni fija cómo se entregan las frecuencias. Afirman que sus multas, de cien a mil colones, llevan décadas sin actualizarse y que infracciones graves quedan impunes.

Agregan que la Ley General de Telecomunicaciones de 2008 dejó la radiodifusión regida por esa ley vieja y le derogó trece artículos sin reemplazarlos, y que el vacío lo llena el Poder Ejecutivo por decreto. Citan a la Contraloría, la Procuraduría, el Viceministerio de Telecomunicaciones y la UCR calificándola de obsoleta, y una orden de la Contraloría de presentar un proyecto de ley que dicen que ningún Gobierno cumplió.

Advierten que las frecuencias se concentran: dicen que 5 de las 7 de televisión VHF del Valle Central están en manos de grupos extranjeros y 4 las controla una sola persona, que cinco grupos manejan el 49% del espectro y que hay al menos 26 frecuencias subutilizadas. Señalan que 45 frecuencias de FM transmiten desde el Gran Área Metropolitana y solo 6 desde las regiones.

Qué dice el texto

• El espacio para el Estado: Cada radio y televisora debe cederle gratis al Estado al menos media hora por semana entre las 6 a.m. y las 10 p.m., para campañas del MEP, Cultura, Salud y la CCSS o de derechos humanos; en época electoral ese espacio pasa al TSE.
• La mitad nacional: Obliga a llenar al menos el 50% de la programación diaria con producción audiovisual nacional, repartida entre los distintos horarios; las radios musicales lo cumplen con música compuesta o interpretada por artistas nacionales.
• Si no cumplen las cuotas: El incumplimiento comprobado del espacio cedido al Estado o de la cuota de producción nacional se castiga subiendo esa obligación en un 50% durante el doble del tiempo que duró la falta.
• Las multas: Las faltas muy graves —operar sin concesión, alquilar la frecuencia, usar testaferros o concentrar frecuencias— se multan con 0,5% a 1% de los ingresos brutos del infractor o de su grupo económico; las graves, 0,1% a 0,5%; las leves, 0,025% a 0,1%.
• La accesibilidad: Las televisoras y quienes produzcan programas informativos, educativos, culturales y de interés general deben incorporar subtitulado oculto, lengua de señas o audiodescripción: narración en audio de lo que se ve en pantalla.
• Eventos de interés general: Prohíbe sacar de la radio y la televisión gratuitas los eventos e informaciones de interés general mediante exclusivas en la televisión de paga; los noticieros pueden usar extractos de hasta tres minutos por evento, sin pagar y no en directo.
• Los canales en el cable: La televisión por suscripción debe incluir en su oferta los canales costarricenses públicos, comunitarios, culturales y comerciales que transmitan en su zona, y mantenerles el mismo número que tienen en la televisión abierta.