Atención temprana de riesgo en menores

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma sostiene que agrupaciones criminales están reclutando personas menores de edad y usándolas para ingresar y vender drogas en escuelas y colegios, aprovechando las vulnerabilidades sociales de esos estudiantes. Afirma que la captación también ocurre fuera del aula, por redes sociales y videojuegos, y que las instituciones suelen intervenir cuando ya hay delitos de por medio.

Cita notas de prensa: en un periodo de tres meses las autoridades habrían reportado 300 detenciones en escuelas y colegios por posesión de drogas y armas, 174 de ellas de menores entre 10 y 17 años. Menciona además más de 15 investigaciones del OIJ por venta de drogas en centros educativos y 28 personas menores de edad reportadas por intoxicaciones asociadas a vapeadores entre 2024 y los primeros días de 2025.

Sostiene que las leyes 10475 y 10476, sobre prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia, ordenan acciones preventivas generales pero no crean una herramienta específica de detección, seguimiento y análisis del reclutamiento criminal, y que sin eso más jóvenes seguirán cayendo en esas redes.

Qué dice el texto

• A quién aplica: Cubre a las personas menores de edad que sean estudiantes activos de centros educativos públicos o privados de todo el país.
• Quién debe avisar: Cualquier funcionario del centro educativo que conozca hechos objetivos y verificables que pongan en riesgo a un estudiante debe comunicarlo de inmediato a la dirección del centro.
• Cuándo se abre expediente: La dirección, tras una valoración preliminar, abre expediente por drogas en el centro, portación de armas u objetos para amenazar, violencia escolar grave, indicios de reclutamiento para actividades ilícitas o reincidencia en conductas de alto riesgo.
• El expediente no marca: Es confidencial y no cuenta como antecedente penal, policial ni sancionatorio, ni puede usarse para recortarle derechos o discriminar al estudiante. Aun así, la policía y los jueces conservan sus competencias si hay delito.
• A quién le llega la info: El centro remite solo lo necesario según la ruta: PANI en protección, CCSS en salud, IAFA en adicciones, OIJ y policías especializadas en seguridad, y MEP en seguimiento educativo. Cada institución ve únicamente lo de su competencia.
• Cuánto se guarda: La información se conserva mientras la persona siga siendo estudiante activo. El reglamento, que el Poder Ejecutivo debe dictar en seis meses, fija los criterios de clasificación, el contenido mínimo del expediente y las reglas para borrarlo.
• La plata: Se ejecuta con el personal, la tecnología y el presupuesto que ya tienen las instituciones: no autoriza crear plazas nuevas ni aumentar automáticamente el gasto público.