Jurisdicción ambiental

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el Tribunal Ambiental Administrativo sufre un debilitamiento progresivo. Señalan un presupuesto que baja año con año, plazas profesionales trasladadas a otras oficinas del MINAE y la falta de jueces, que lo deja sin poder dictar resoluciones. Afirman que el modelo administrativo se agotó.

Alegan que, por ser un órgano desconcentrado del MINAE (con independencia funcional pero adscrito al ministerio), el tribunal puede verse afectado por situaciones de índole política. Describen equipo de cómputo obsoleto, contratos de seguridad y de digitalización sin renovar y oficinas hacinadas.

Advierten que, si el tribunal no se fortalece, la única vía para sancionar quedaría en manos de los tribunales penales, donde la dificultad para probar los hechos suele terminar en impunidad. Agregan que eso rompe el principio de no regresión ambiental, es decir, no retroceder en la protección ya alcanzada, y daña la reputación del país.

Qué dice el texto

• Qué juzga: Resuelve los conflictos por la reparación del daño ambiental, en el sitio dañado o fuera de él. Quedan fuera los asuntos penales, laborales y contencioso-administrativos, que son los juicios contra actos de la administración pública.
• Quiénes juzgan: Los jueces los nombra la Corte Suprema. Deben ser abogados colegiados con maestría o especialidad ambiental, o con experiencia demostrada en el área, y trabajar a tiempo completo.
• El monto mínimo: Solo llegan al tribunal los daños que superen un monto mínimo medido en salarios base. Si el daño es menor o no se puede cuantificar, la autoridad competente ordena al infractor reparar, mitigar y compensar el daño.
• Cuánto vale el daño: Crea la CONAVEDA, una comisión de funcionarios del sector ambiente y de la Procuraduría que calcula el valor económico del daño. Una parte de lo sancionado se destina a financiar el tribunal.
• El registro: Crea un Registro Nacional de Infractores Ambientales. Además, el juez anota de oficio la denuncia al margen de la inscripción del bien en el Registro Nacional, sin cobro, para advertir que existe un reclamo.
• Arreglos y costas: Las partes pueden conciliar en cualquier momento. El denunciado puede allanarse, o sea aceptar lo denunciado, y el juez dicta sentencia sin más trámite. Quien pierde paga las costas: honorarios de abogados y gastos del proceso.
• El personal: Los funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo pueden pasar al Poder Judicial con sus derechos laborales y con el salario equiparado al de los puestos judiciales. Los expedientes también se trasladan.