Control Democrático del Ministerio Público

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el Fiscal General es escogido por la cúpula del Poder Judicial y sostienen que ese mecanismo aísla al Ministerio Público —el órgano encargado de la persecución penal y de la defensa de la legalidad— del escrutinio ciudadano, dejándolo sin legitimidad democrática directa.

Agregan que la ausencia de una rendición de cuentas anual ante el Plenario legislativo ha permitido que la Fiscalía funcione como una isla administrativa, sin tener que explicar el uso de los recursos públicos, la eficacia de la persecución penal ni el cumplimiento de sus metas estratégicas.

Afirman que el modelo vigente no ha logrado proteger a la Fiscalía de las presiones políticas, y plantean que exigir mayoría calificada para nombrar y para remover al Fiscal, junto con un régimen de prohibiciones e incompatibilidades, evitaría que responda a una facción y resguardaría su independencia técnica frente a las puertas giratorias y los conflictos de interés.

Qué dice el texto

• Quién nombra: La Asamblea Legislativa pasa a elegir al Fiscal General y al Fiscal Subrogante por mayoría calificada de los diputados presentes, tras un concurso público de antecedentes y oposición, para un período fijo con opción de reelección.
• Requisitos del cargo: Exige ser costarricense por nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado incorporado al Colegio con trayectoria profesional o judicial, atestados de probidad y no haber militado ni pertenecido a partidos políticos en los años previos.
• Cómo los pueden botar: Permite destituirlos por incumplimiento grave de deberes, condena penal firme, incapacidad permanente, corrupción o bajo desempeño reiterado; tras una investigación con derecho de defensa, el Plenario vota en sesión pública y por nombre.
• El informe anual: Obliga al Fiscal General a comparecer cada marzo ante el Plenario legislativo con estadísticas de casos llevados a juicio frente a los desestimados, el estado de las causas por corrupción, la ejecución del presupuesto y las metas cumplidas.
• Si no se presenta: Los diputados pueden interpelarlo, o sea cuestionarlo en el Plenario, y la Asamblea emite una resolución pública de conformidad o de censura. Negarse sin justificación a rendir el informe es falta gravísima y habilita la remoción.
• Lo que no puede hacer: Le prohíbe otro empleo público remunerado, salvo docencia universitaria fuera de horas laborales; ejercer la abogacía o el notariado, salvo en causa propia o de parientes cercanos; dirigir empresas privadas; y militar en partidos.
• Regalos y parentescos: Prohíbe aceptar obsequios o ventajas de quienes tengan interés en procesos judiciales y dirigir investigaciones donde tenga interés directo o parentesco cercano, incluido nombrar a familiares en esos casos.
• Al salir del puesto: Quien haya sido Fiscal General debe dejar pasar un tiempo desde el cese antes de asumir cargos de elección popular, como diputado o alcalde, o ser nombrado ministro o viceministro.