Norma de subcapitalización

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que grupos empresariales inflan sus gastos por intereses —a veces con préstamos entre empresas del mismo grupo— para bajar la utilidad sobre la que pagan impuesto sobre la renta, y que la regla que existe en el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta quedó debilitada al dejar fuera del tope los intereses pagados a entidades supervisadas y al facultar a Tributación para autorizar límites mayores.

Citan el Estudio de Incumplimiento Tributario 2019-2022 del Ministerio de Hacienda: calculan que en 2022 el incumplimiento llegó a 5,66% del PIB, unos ₡2,6 billones, y que 3 de cada 10 colones que debían entrar no se recaudaron; del total, un 48% corresponde a renta, sobre todo de empresas. Invocan la acción 4 del Plan BEPS de la OCDE y el G20, el plan contra el traslado de ganancias a países de menor impuesto, que recomienda topar la deducción en un porcentaje de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

Citan además un estudio del equipo BEPS de la Dirección General de Tributación según el cual un tope de 30% afectaría solo a un 12% de los declarantes, y que recomendó fijarlo en 20%; afirman que el uso de gastos financieros para erosionar la base es casi exclusivo de grandes contribuyentes, sobre todo de los sectores inmobiliario y comercio.

Qué dice el texto

• El tope: Cada empresa podrá deducir por gastos financieros netos un máximo del 20% de su utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (UAIIDA), por cada período del impuesto.
• Qué se cuenta como gasto: El gasto financiero neto es lo que los gastos financieros superan a los ingresos financieros del período. No se cuentan los gastos que la propia ley ya considera no deducibles.
• Se acaba el portillo bancario: Desaparece la excepción vigente que dejaba fuera del tope los intereses pagados a entidades supervisadas por las superintendencias del sistema financiero o a bancos extranjeros supervisados en su país.
• Sin permisos a la medida: Se elimina la potestad que la ley vigente le da a la Administración Tributaria de autorizar, a solicitud del contribuyente, un límite de deducción mayor al establecido.
• La obra pública queda fuera: No entran en la fórmula los gastos financieros para financiar proyectos de infraestructura pública cuando el desarrollador esté domiciliado en el país; también sale del cálculo la utilidad de ese proyecto.
• Lo que sobra no se pierde: Los gastos financieros netos que pasen del 20% en un año pueden deducirse en períodos siguientes hasta agotarse, siempre que en cada año se respete el mismo tope.
• La carga de probar: Quien arrastre esos gastos debe comprobarlos contable y documentalmente, sin importar en qué año se originaron y aunque ese período ya esté prescrito para efectos ordinarios.