Control constructivo

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que en el país se construye sin permiso municipal desde fases tempranas y que las municipalidades carecen de mecanismos efectivos para detener esas obras a tiempo, con la consiguiente pérdida de ingresos locales y riesgos para las comunidades. Agregan que falta un registro electrónico unificado de obras y que no hay responsabilidad clara para los funcionarios que incumplen plazos.

Citan el Informe de Obras sin Permiso 2024 del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA): una cuarta parte de las obras inspeccionadas no tenía licencia municipal, más de 197 mil metros cuadrados construidos sin autorización, con un valor estimado de ¢365.000 por metro cuadrado. Señalan que en Puntarenas y Guanacaste el incumplimiento supera el 30%.

También citan el Ranking Municipal de Gestión de Trámites 2024-2025, según el cual unas municipalidades resuelven con rapidez mientras otras demoran más de 30 días y rechazan reiteradamente. Afirman que esa disparidad genera inseguridad jurídica, fomenta la informalidad y desalienta la inversión.

Qué dice el texto

• La multa: La multa por construir sin licencia pasa a ser el monto del derecho de licencia más un recargo del 50%, y la municipalidad queda facultada para valorar por su cuenta, de oficio, las obras sin permiso.
• Pagar no salva la obra: Pagar la multa no libra al infractor de demoler lo construido si la obra no es legalizable, o sea si no se puede ajustar a la normativa para obtener el permiso.
• El cobro atado al impuesto: Las municipalidades pueden exigir que el infractor cancele primero las multas firmes —las que ya no admiten recurso— antes de recibirle el pago del impuesto de bienes inmuebles.
• Los plazos del dueño: Tras el acta que el inspector levanta en el sitio, el dueño tiene 10 días hábiles para corregir o recurrir y la municipalidad 10 para resolver; si no resuelve, se entiende rechazado y cabe recurso ante el superior.
• Clausura y demolición: Cabe la clausura inmediata de la obra. Si no se presenta el proyecto ni se hacen las modificaciones ordenadas, hay 10 días hábiles para demoler las partes defectuosas; si no, la municipalidad demuele y cobra al dueño el costo efectivo.
• Fuerza Pública y delito: La municipalidad puede pedir auxilio inmediato de la Fuerza Pública sin trámite judicial previo para desalojar al personal y sellar el sitio; romper los sellos o desacatar la clausura es delito de desobediencia y debe denunciarse.
• Registro y licencias: Cada municipalidad debe llevar un registro único de obras (RUO) electrónico con permisos, planos, profesional responsable, inspecciones, actas y sanciones, y resolver las licencias en 10 días hábiles; si no, el funcionario responde.