Cambio climático y comercio

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación forman una "triple crisis planetaria" que exige una respuesta coordinada entre países, y que el comercio internacional es una de las palancas para enfrentarla: abaratar el acceso a bienes y tecnologías limpias acelera la transición hacia una economía baja en emisiones.

Citan al IPCC, el panel científico de la ONU sobre clima, según el cual la temperatura global podría subir entre 3,3 °C y 5,7 °C para fin de siglo si no bajan las emisiones; un informe del Banco Mundial de 2020 que calcula que entre 68 y 135 millones de personas podrían caer en la pobreza en 2030 por el clima; una estimación del Foro Económico Mundial de 2024 de hasta US$125 mil millones anuales en costos de adaptación; y al PNUMA, el programa ambiental de la ONU, que prevé la desaparición de entre 38% y 46% de la biodiversidad para 2050.

Sostienen además que faltan reglas internacionales en esta materia: recuerdan que la negociación de un acuerdo previo sobre bienes ambientales quedó inconclusa entre 2014 y 2016, y presentan este convenio como el primero que pone disciplinas a los subsidios dañinos a los combustibles fósiles, aprovechando —dicen— el liderazgo y la reputación de Costa Rica en comercio y ambiente.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 5 de marzo de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Qué se aprueba: Un artículo único aprueba en todas sus partes el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad firmado por Costa Rica con Islandia, Nueva Zelanda y Suiza, con lo que pasa a ser ley de la República.
• Los aranceles: Al entrar en vigor se eliminan los impuestos de importación de una lista de más de 300 bienes ambientales no agropecuarios: productos y tecnologías que sirven a fines ambientales, según la definición que trae el propio acuerdo.
• Los servicios: Incluye una lista de más de 100 subsectores de servicios ambientales o ligados al ambiente, con compromisos de cada país para facilitar el acceso a sus mercados y dar certeza jurídica a quienes los prestan.
• Combustibles fósiles: Pone reglas a los subsidios a los combustibles fósiles —ayudas estatales a su producción o consumo—, incluida la prohibición de algunos y el compromiso de no ampliar otros ya existentes.
• Las excepciones: Deja fuera de esas reglas casos como la seguridad energética, la respuesta a desastres naturales o crisis económicas y el apoyo a pesca biológicamente sostenible dentro de límites de cantidad, lo que permite mantener el beneficio al sector pesquero.
• Las etiquetas verdes: Fija lineamientos para programas voluntarios de etiquetado ambiental, orientados a frenar el "greenwashing": publicidad o etiquetas que presentan un producto como más amigable con el ambiente de lo que es.
• Quién lo administra: Crea una Comisión Conjunta con representantes de los gobiernos firmantes que supervisa cómo se aplica el acuerdo, y un mecanismo de consultas y solución de controversias entre países.
• Puede crecer: Es un acuerdo abierto: prevé un procedimiento para que otros países se adhieran después, además de reglas para reformarlo y para su entrada en vigor.