Servidores públicos y paraísos fiscales

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la legitimidad de los altos mandos políticos pesa en la cultura tributaria: sostienen que cuando figuras públicas de primer nivel aparecen implicadas en evasión o elusión de impuestos, la ciudadanía se desincentiva a pagar los suyos. Afirman que hace falta una regla que garantice que ningún funcionario de alto rango haga negocios con estructuras jurídicas radicadas en paraísos fiscales, es decir, países o jurisdicciones que la Administración Tributaria considera no cooperantes porque no comparten información fiscal.

Citan la recomendación número 18 del informe de la comisión legislativa que investigó los Papeles de Panamá, el caso del bufete panameño Mossack Fonseca, que pedía prohibir a los altos mandos políticos tener participaciones comerciales en esas jurisdicciones. Invocan también al Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo internacional que fija estándares contra el lavado de dinero, según el cual el uso de esos territorios está ligado a la defraudación fiscal y a la legitimación de capitales.

Señalan que una iniciativa anterior con el mismo propósito nunca llegó a convertirse en ley pese a haber avanzado, y que por eso retoman su contenido con ajustes para cubrir también los casos en que esas actividades quedan bajo el control o la decisión del funcionario.

Qué dice el texto

• Qué se prohíbe: Los cargos alcanzados no pueden hacer inversiones, mantener cuentas en entidades financieras, tener participaciones económicas o accionarias en personas jurídicas, ni integrar juntas directivas en jurisdicciones no cooperantes.
• A quién le toca: Alcanza a presidencia y vicepresidencias, magistraturas del Poder Judicial y del TSE, ministerios y viceministerios, diputaciones, alcaldías y vicealcaldías, Contraloría, Defensoría, Procuraduría, ARESEP y Fiscalía General.
• Jerarcas de instituciones: También cubre presidencias ejecutivas, juntas directivas, gerencias, subgerencias, direcciones y auditorías internas del sector público y de instituciones autónomas y empresas públicas, y superintendentes de entidades financieras.
• Solo a título personal: La prohibición rige para lo que la persona hace de forma directa y como persona física; quienes lo firman dicen incluir ajustes para que cubra también las actividades que estén bajo su control o decisión.
• La lista de paraísos: La Dirección General de Tributación debe publicar cada setiembre la lista de jurisdicciones no cooperantes, según los criterios del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la lista rige desde su publicación en La Gaceta.
• El plazo para deshacerse: Cada funcionario tiene seis meses después de cada publicación de la lista para acatar la prohibición; quienes llegan por elección popular deben cumplirla desde que inician funciones.
• La pena: Incumplir la prohibición se castiga con dos a cinco años de prisión, como nuevo delito dentro de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.