Extracción ilegal del oro

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma sostiene que la extracción ilegal de oro, sobre todo en zonas como Crucitas, dejó de ser cosa de mineros artesanales y está penetrada por redes de delincuencia organizada que combinan extracción, transporte, lavado de dinero, financiamiento y explotación laboral. Plantea que hace falta castigar toda la cadena, desde quien saca el oro hasta quien lo compra, lo traslada o lo financia.

Afirma que el obstáculo principal es que casi ningún delito del Código de Minería alcanza la categoría de delito grave, es decir, castigado con al menos cuatro años de prisión, según la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Por eso, dice, a esos casos no se les pueden aplicar las herramientas de la ley contra la delincuencia organizada, como plazos de investigación más largos o la intervención de comunicaciones.

Cita el artículo 50 de la Constitución sobre el derecho a un ambiente sano, la Ley Orgánica del Ambiente que define el daño ambiental como delito social, económico, cultural y ético, y votos de la Sala Constitucional sobre proporcionalidad entre el hecho y la pena. Sostiene que con la reforma se reduciría la actividad ilícita y se protegería a las comunidades afectadas.

Qué dice el texto

• Minería sin permiso: Castiga con 3 a 6 años de cárcel a quien explore o explote minerales sin concesión de la Dirección de Geología y Minas, a quien patrocine minería ilegal y a quien haga minería en parques nacionales o reservas biológicas.
• Comprar y vender oro: Crea el delito de comercializar oro obtenido ilícitamente sin autorización, con 3 a 8 años de prisión, y permite decomisar bienes y rastrear los activos ligados a esa actividad.
• Llevarlo y guardarlo: Impone 3 a 7 años de cárcel a quien transporte, almacene o gestione la llegada de oro ilícito a mercados o puntos de venta con fines de comercio, con decomiso de bienes y congelamiento de fondos.
• Quien contrata gente: Castiga con 5 a 10 años a quien contrate, reclute, transporte o emplee personas para sacar, mover o vender oro ilícito cuando haya explotación laboral, coerción o abuso de vulnerabilidad, con medidas de protección para las víctimas.
• El recargo por banda: Aumenta en un 50% la pena de todos estos delitos cuando se cometen dentro de una red de delincuencia organizada, o cuando el caso involucra la comercialización del oro ilegal o cualquier eslabón de su cadena de suministro.
• Quién los juzga: Manda estos casos a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada —los tribunales creados para bandas criminales— cuando hay tres o más personas con roles definidos, permanencia y actuación concertada.
• Escuchas telefónicas: Al pasar a esa jurisdicción, habilita las herramientas de investigación de la ley contra la delincuencia organizada, incluida la intervención de comunicaciones cuando corresponda.