Acoso escolar

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Ley 9404, contra el acoso escolar o bullying, deja en manos de los centros educativos los protocolos y las medidas correctivas, pero no crea un procedimiento judicial rápido para cuando el colegio o el MEP no actúan por omisión, negligencia o complicidad con los agresores, y que la fiscalización es aún más limitada en los centros privados. Afirman que, sin ese mecanismo, las víctimas quedan sin respuesta inmediata.

Citan el informe PISA 2022, según el cual Costa Rica encabeza los reportes de bullying entre 80 países, con 44% de estudiantes que se han sentido acosados; y datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP: la violencia entre estudiantes pasó de 208 situaciones en 2019 a 587 en 2022 y 497 en 2023, y la de adultos contra estudiantes de 431 a 736 y 811. Mencionan además recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes sobre falta de personal —siete asesores para todo el país hasta agosto de 2023— y expedientes sin resolver.

Agregan que, a falta de esa vía, las familias han tenido que recurrir al recurso de amparo, que a su juicio no permite escuchar directamente a la persona menor de edad ni proteger de forma inmediata, y citan una sentencia de la Sala Constitucional en la que el estudiante terminó cambiándose de centro educativo.

Qué dice el texto

• La vía nueva: Permite acudir al proceso de protección cautelar del Código Procesal de Familia —un juicio rápido y oral para dictar medidas urgentes— para proteger a estudiantes víctimas de acoso escolar.
• Cuándo se puede usar: Se habilita cuando las autoridades del centro educativo no actúan de forma oportuna y eficaz, o cuando lo que hicieron resulta insuficiente para frenar el acoso y tomar las medidas del caso.
• Colegios públicos y privados: Cubre por igual a estudiantes de centros educativos públicos y privados, y las medidas que dicte el juez son de acatamiento obligatorio para el centro y para las demás partes del proceso.
• Quién lo resuelve: Los casos se llevan ante los juzgados especializados de Niñez y Adolescencia, que dictan las medidas cautelares y de protección necesarias.
• Qué puede ordenar: El juez puede ordenar cualquier medida preventiva, cautelar o de protección para el cese inmediato del acoso, procurando afectar lo menos posible el proceso educativo del estudiante.
• Los tiempos: Recibida la prueba se dicta de una vez la parte resolutiva; la sentencia completa se dicta y notifica dentro de tres días, y la medida puede confirmarse, prorrogarse por un período igual, sustituirse o revocarse.
• Después de la sentencia: Se puede ordenar al centro educativo o a las autoridades competentes medidas formativas y correctivas y acciones para que no se repita, sin quitar las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.