Pensiones del personal judicial

El problema que dice venir a resolver

Quien firma sostiene que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial arrastra una falla estructural y no una crisis pasajera, y que tras la reforma de 2018 el personal judicial cotiza 13% de su salario, casi tres veces lo que se aporta al IVM de la CCSS, a cambio de beneficios cada vez menores. Agrega que son población cautiva: al ser contratados quedan afiliados de forma automática y solo pueden llevarse lo cotizado si renuncian al puesto, lo que considera contrario a la libertad y a la dignidad del trabajador.

Cita la valuación actuarial del Fondo con corte al 31 de diciembre de 2025: incluso en el escenario optimista, con un rendimiento real del 7,07% anual, la razón de solvencia sería de 83,90% y el faltante de 438.213 millones de colones, con una prima teórica del 42,98% sobre los salarios. En el escenario pesimista proyecta un déficit de 1.183.589 millones y el agotamiento de la reserva en 2041.

Afirma que confiar en mejores rendimientos solo pospone una crisis fiscal mayor y que nuevos aumentos de la cuota obrera golpearían a más de catorce mil familias de servidores activos y cuatro mil jubilados.

Qué dice el texto

• Quién puede salirse: Servidores judiciales que trabajen o hayan trabajado sin tener consolidado el derecho de jubilación pueden pedir, por una única vez, trasladar sus cuotas al IVM de la CCSS. También pueden hacerlo quienes ya están jubilados o pensionados.
• Cómo se pide y en cuánto: La solicitud se presenta por nota a la Junafo, la junta que administra el fondo judicial, que tiene treinta días hábiles para desafiliar y certificar cuotas y salarios; la CCSS tiene otros treinta días hábiles para analizar y aprobar el traslado.
• Qué reconoce la CCSS: El IVM reconoce todo el tiempo trabajado y las cuotas certificadas uno a uno, y calcula la pensión con los salarios ganados en el Poder Judicial traídos a valor presente. Quedan prohibidas penalizaciones, rebajas o periodos de espera por cambiar de régimen.
• La plata cotizada de más: Lo aportado por encima de lo que el IVM determine no se pierde ni se devuelve en efectivo: va al ROP, la cuenta individual de pensión complementaria, o a un plan voluntario que la persona escoja. Si no escoge en cinco días hábiles, va al ROP.
• Quien entra a trabajar: El personal de nuevo ingreso escoge una sola vez entre el fondo judicial y el IVM, y debe decirlo al contratarse o dentro de diez días hábiles. Si no responde a la prevención en cinco días, queda afiliado al IVM.
• Cómo paga el fondo judicial: La Junafo puede pagar el traslado entregando títulos valores de su cartera a valor de mercado. Si es en efectivo y supera el 5% de su flujo de caja trimestral, puede escalonar los desembolsos hasta veinticuatro meses ante la Supén, sin intereses por atraso.
• Ventana de seis meses: Durante los seis meses posteriores a la publicación de la ley se permite el retiro anticipado al completar las cuotas y adelantar cuotas.