Ley antitroll

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que en el país han crecido estructuras digitales coordinadas —las llamadas "granjas de trolls": redes de cuentas falsas, automatizadas o pagadas— que inundan las redes sociales para simular respaldo ciudadano, alterar métricas, atacar reputaciones y polarizar el debate. Afirman que esto distorsiona la formación libre de la voluntad ciudadana y erosiona la confianza en los medios, en las instituciones y en los procesos electorales.

Citan estudios de la Universidad Latina y del Observatorio de Comunicación Digital sobre cuentas no auténticas en campañas electorales, un reporte de la organización Freedom House sobre la remoción por parte de Meta de una red de cuentas por "comportamiento coordinado no auténtico", trabajos académicos de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Oxford, y el caso conocido como "Piero Calandrelli". También mencionan como ejemplos internacionales las campañas de Donald Trump y el caso Brexit con Cambridge Analytica.

Alegan que, al no existir una regulación específica, estas prácticas quedan sin sanción, comprometen la salud democrática y limitan el ejercicio auténtico de la libertad de expresión. Aclaran que no buscan castigar la crítica política ni las opiniones divergentes, sino la manipulación artificial del debate.

Qué dice el texto

• Qué prohíbe: Prohíbe crear, administrar, contratar, financiar o coordinar redes de cuentas falsas o automatizadas para manipular la opinión pública, la voluntad popular, el debate público o las discusiones legislativas e institucionales.
• Bots y apoyo fingido: Prohíbe usar cuentas o redes automatizadas no declaradas —bots, programas que publican solos sin decir que lo son— y simular apoyo ciudadano o consenso social con mecanismos digitales engañosos.
• Desinformación y elecciones: Prohíbe difundir masivamente información falsa sabiendo que lo es cuando afecta el interés público o el honor de personas candidatas, e interferir digitalmente en elecciones, plebiscitos, referendos o consultas populares.
• Acoso digital: Prohíbe afectar la reputación de personas mediante acoso digital masivo y ocultar dolosamente el origen, el financiamiento o la coordinación de campañas digitales de influencia política.
• La pena: Castiga con cárcel cada una de esas conductas, con una pena mayor si el hecho lo comete una persona funcionaria pública en ejercicio, si se permite plata o participación extranjera en la elección nacional, o si hay organización criminal detrás.
• A quién aplica: Alcanza a personas físicas y jurídicas —gente y empresas— que usen troles o granjas de troles: estructuras organizadas de personas, cuentas o sistemas automatizados para influir de forma engañosa y masiva.
• Quién investiga y quién avisa: Deja la investigación penal en manos del Ministerio Público; el Tribunal Supremo de Elecciones fiscaliza en materia político-electoral y denuncia lo que detecte, y quienes brindan servicios digitales deben informarle si usan automatización.
• Lo que no es delito: Deja fuera la crítica política, la sátira, la parodia, el periodismo ético y la opinión individual, siempre que no formen parte de una acción dolosa, sistemática y organizada de manipulación.