Macro evaluación educativa

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la macroevaluación educativa —evaluar cómo funciona el sistema educativo entero, no el rendimiento de cada estudiante— quedó reducida a mediciones de alcance limitado cuyos resultados casi no se usan, sin capacidad técnica para convertirlos en decisiones. Señalan un conflicto estructural: el MEP diseña, ejecuta y evalúa su propia política educativa, es juez y parte.

Citan el Octavo Informe del Estado de la Educación, de 2021, que alertó sobre el llamado apagón educativo entre 2018 y 2021; el Noveno Informe, de 2023, según el cual el sistema vive la situación más difícil desde los años ochenta; y el Décimo Estado de la Educación, de 2025, que insistió en una gobernanza frágil y con conflictos de interés.

Afirman que, sin un órgano independiente, estándares estables y difusión de resultados, el país seguirá sin información confiable para detectar a tiempo los retrocesos en el aprendizaje y sin propuestas probadas para revertirlos.

Qué dice el texto

• El nuevo Centro: Crea el Centro Nacional de Macro Evaluación Educativa, adscrito al Consejo Superior de Educación y fuera de la jerarquía del MEP, con personalidad jurídica propia para manejar su presupuesto y contratar, y autoridad exclusiva sobre las metodologías.
• Quién lo dirige: El Consejo Superior de Educación nombra por concurso público a un director y un subdirector con maestría, por ocho años reelegibles una vez. Un Consejo Técnico de cinco personas expertas, con dietas por sesión, aprueba metodologías y planes.
• Qué se evalúa: Cubre preescolar, primaria y secundaria: aprendizajes de los estudiantes, indicadores de calidad y equidad, desempeño de los centros educativos y el impacto de las políticas y programas educativos, con estándares nacionales e internacionales.
• Las recomendaciones: El Centro emite informes y recomendaciones al Consejo Superior de Educación, al MEP y al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que deben justificar razonadamente sus decisiones cada vez que se aparten de ellas.
• La información: El MEP y los demás entes públicos deben entregarle la información que pida, en diez días hábiles salvo complejidad justificada. Prohíbe que cualquier persona o entidad, pública o privada, interfiera en su trabajo o en la publicación de resultados.
• La plata: El MEP le transfiere los recursos necesarios para funcionar, tomados de los fondos que la Constitución destina a la educación pública.
• Qué no toca: Las macroevaluaciones no sustituyen las pruebas y evaluaciones que los docentes aplican en el aula, y la ley no rige para la evaluación del desempeño docente, que sigue con sus normas propias.