Obstrucción y falsedad ante la Asamblea

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que testigos, funcionarios públicos y particulares comparecen ante la Asamblea Legislativa y sus comisiones investigadoras sin respetar el deber de decir la verdad: ocultan información, se niegan a colaborar, entregan documentos incompletos o mienten. Afirman que eso vacía de contenido la función de control político y deja la investigación legislativa dependiendo de declaraciones voluntarias o imposibles de verificar.

Agregan que el ordenamiento costarricense no tiene delitos específicos para castigar la obstrucción o la falsedad ante el Parlamento: dicen que el Código Penal castiga el falso testimonio, pero no extiende esa protección de forma expresa a los procedimientos legislativos. Advierten que ese vacío desincentiva la transparencia y abre márgenes de impunidad.

Citan como antecedentes los casos de Estados Unidos, España, Chile, Colombia, Alemania, Francia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Australia, Italia, México y Perú, donde —según exponen— mentir u obstruir al Parlamento acarrea sanciones penales o parlamentarias.

Qué dice el texto

• A quién le aplica: Alcanza a cualquier persona que comparezca ante la Asamblea Legislativa o sus comisiones: funcionarios públicos, interpelados, testigos, peritos o cualquier otro compareciente.
• Mentirle a la Asamblea: Convierte en delito faltar a la verdad, total o parcialmente, en un testimonio, declaración, colaboración, interpelación o comparecencia ante el Plenario o las comisiones, con las penas de perjurio y falso testimonio del Código Penal.
• No presentarse: Castiga como desobediencia la negativa injustificada a comparecer en dos o más ocasiones seguidas ante el Plenario o sus comisiones, habiendo sido convocado legalmente.
• Documentos: Sanciona a quien entregue a la Asamblea documentos falsos sabiendo que lo son, y a quien suprima, oculte o destruya, del todo o en parte, documentos que la Asamblea o sus comisiones hayan requerido.
• Presionar a quien declara: Castiga amenazar, intimidar o coaccionar a alguien para que no declare o altere su versión ante la Asamblea, y a quien ofrezca testigos falsos en procesos de investigación o control político.
• Agravantes: Aumenta las penas en una tercera parte si el autor es funcionario público en ejercicio o si la conducta obstruye investigaciones de corrupción, crimen organizado o violaciones graves a derechos humanos.
• Inhabilitación: Al funcionario público condenado se le impone además la pena accesoria de inhabilitación prevista en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: queda impedido para ejercer cargos públicos.
• El juramento: Obliga a jurar o prometer decir la verdad en interpelaciones ante el Plenario y como testigo en investigaciones de comisiones, tras advertirle al compareciente las penas; negarse a jurar se castiga como desobediencia.