Docentes como funcionarios públicos

El problema que dice venir a resolver

Quienes firman sostienen que el personal docente, técnico docente y administrativo que el MEP nombra y paga, pero que trabaja en centros de enseñanza privada subvencionada (colegios privados que reciben estímulo estatal para pagar salarios), vive una fuerte inseguridad jurídica sobre sus derechos laborales. Alegan que muchas de estas personas son despedidas por las autoridades del centro privado sin el debido proceso que manda la Ley N.º 8791, pese a que su condición de funcionarias públicas está reconocida solo en el reglamento de esa ley y no en la ley misma.

Para respaldarlo citan una resolución de la Sala Constitucional de 2016 en la que el MEP admitió bajo juramento que esa persona era funcionaria del Ministerio, una resolución de la Sala Segunda de 2022 que anuló un despido por corresponderle la remoción únicamente al MEP, y el dictamen C-057-2015 de la Procuraduría, que no halló razón jurídica para diferenciar sus derechos de los del personal de centros públicos. Suman un manual del MEP de 2018, la convención colectiva del Ministerio y la ley de Caja de ANDE, cuyo requisito de ser funcionario del MEP para asociarse ya se les aplica.

Agregan que blindar por ley esa naturaleza pública dignifica la labor docente y que no implica carga adicional para las finanzas del Estado, porque estas personas ya están incluidas en las planillas del MEP y en la Tesorería Nacional.

Qué dice el texto

• A quién aplica: Cubre al personal docente, técnico docente, administrativo docente y administrativo nombrado al amparo de la Ley 8791 de estímulo estatal, o sea el que el MEP nombra y paga pero trabaja en centros privados subvencionados.
• El carácter público: Escribe en la propia Ley 8791 que todo ese personal se considera funcionario público para todos los efectos; la ley vigente solo lo dice en el reglamento dictado por el Poder Ejecutivo.
• Quién puede despedir: El colegio privado ya no despide: solo puede pedirle al MEP la remoción o el despido, y es el MEP el que estudia la solicitud, abre el debido proceso y decide si se ejecuta.
• La causa exigida: La solicitud de despido debe basarse en justa causa según el Código de Trabajo y el Estatuto de Servicio Civil, las reglas que aplican a los empleados públicos.
• La prohibición expresa: Prohíbe en toda circunstancia que las autoridades del centro privado ejecuten la remoción o el despido sin haber enviado la solicitud al MEP y sin que este haya hecho el debido proceso y resuelto.
• Si el despido es injustificado: Manda aplicar el procedimiento de fueros especiales del Código de Trabajo, la vía judicial reservada a personas trabajadoras con protección reforzada, regulada en su artículo 540 y siguientes.