Reforma a la Ley del AyA

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le fija al AyA una competencia muy delimitada: suministrar agua potable y recoger y evacuar aguas negras, residuos industriales líquidos y aguas pluviales urbanas. Por el principio de legalidad —la Administración solo puede hacer lo que una norma la autoriza a hacer—, sostienen que el AyA no puede dedicarse a ninguna actividad distinta de ese servicio público.

Citan dictámenes de la Procuraduría General de la República en ese sentido y un criterio de la Contraloría General de la República que concluyó que el ordenamiento no faculta al AyA a comercializar agua embotellada por medio del comercio establecido. De ahí concluyen que hace falta una ley habilitante para que la institución genere recursos extraordinarios.

Agregan que, sin esa habilitación, el AyA tampoco puede vender asesorías ni productos ligados a sus competencias, y que queda sin poder habilitar a las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados comunales, que —dicen— necesitan con urgencia financiar el desarrollo de sus acueductos con actividades que no pueden realizar.

Qué dice el texto

• Qué podría vender el AyA: Autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a vender y comercializar, en el mercado nacional e internacional y de forma directa o indirecta, asesorías, consultorías, capacitaciones y otros bienes o servicios.
• El límite de esas ventas: Esas actividades solo caben si son afines a las competencias o al giro empresarial del AyA y siempre que no impidan ni desmejoren el cumplimiento oportuno de los objetivos de su ley constitutiva.
• Convenios con terceros: Faculta al AyA a fomentar programas públicos o privados de comercialización y venta de bienes y servicios, y a convenir con terceros apoyos administrativos e institucionales y nuevas fuentes de financiamiento.
• Quién fija los precios: Los precios de esos bienes, servicios y productos afines a su giro —asesoría, consultoría, capacitación y similares— los determina el propio Instituto.
• A dónde va la plata: Los ingresos netos de esas actividades se suman a los que el AyA debe capitalizar para planes nacionales de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas residuales y pluviales.
• La tarifa del agua: Mantiene la regla de la ley vigente: las tasas de venta de agua potable y de disposición de aguas residuales se calculan para cubrir la conservación y explotación de los sistemas, intereses de deudas y capitalización.
• Las utilidades y el Fisco: Conserva que el Gobierno no toma parte de las utilidades netas del Instituto, que no se considera fuente de ingresos para el Fisco, y que personas públicas o privadas pueden donarle sin ley ni aceptación expresa.