Candidaturas independientes

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que crece el número de costarricenses que cuestiona la idoneidad de los partidos políticos para representar a la ciudadanía, y que esa desconfianza se traslada a la Asamblea Legislativa, cuyos diputados siguen siendo nominados por estructuras partidarias que describen como lejanas a los intereses de la gente. Agregan que a eso se suma la falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que golpea la legitimidad de la democracia.

Citan encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR: en el informe de setiembre de 2025, un 81% dijo no simpatizar con ningún partido, un 77,1% afirmó que decidirá su voto por la persona candidata y un 87,7% apoyó votar para quitarle el poder a los de siempre; un 63,7% cree que una autoridad debería perder el puesto si cambia de partido.

Sostienen que la apatía se refleja en el abstencionismo, que pasó de 30,88% en 2010 a 31,81% en 2014 y 34,3% en 2018, hasta el 40,65% del padrón en la primera ronda de 2022. Argumentan que sin nuevos canales de participación esa apatía seguirá amenazando al sistema democrático.

Qué dice el texto

• Quién puede postularse: Para intervenir en política, cualquier ciudadano podría agruparse en un partido, formar un grupo electoral independiente o postularse solo, como candidatura individual, siempre que se comprometa a respetar el orden constitucional.
• La plata del Estado: La contribución estatal —0,19% del producto interno bruto del año trasanterior a la elección— pasaría a cubrir también los gastos de grupos electorales independientes y candidaturas individuales, no solo de los partidos.
• El umbral para cobrar: Para recibir aporte estatal habría que alcanzar «un cuatro por ciento (3%)» de los votos válidos a escala nacional —así, con esa discrepancia, lo trae el texto—, ese mismo porcentaje en la provincia si se inscriben ahí, o elegir un diputado.
• Adelantos y garantías: Partidos, grupos electorales y candidaturas individuales podrían pedir un adelanto de la contribución estatal si antes rinden cauciones, es decir garantías económicas, y deberían comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
• Reglas internas: Partidos y grupos electorales independientes tendrían que ser democráticos en su estructura y funcionamiento; las candidaturas individuales, democráticas en su organización y actividad. Los aportes privados que reciban serían públicos.
• Denuncias contra funcionarios: Los grupos electorales independientes y las candidaturas individuales podrían denunciar ante el Tribunal Supremo de Elecciones la parcialidad política de servidores del Estado, facultad que la Constitución reserva a los partidos.
• El plazo al Congreso: La Asamblea Legislativa tendría dos años calendario para reformar la ley electoral con requisitos mínimos, flexibles y accesibles; si no lo hace, incurre en mora legislativa, con responsabilidad incluso personal de los legisladores.