Cierre de la DIS

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la DIS, la policía de inteligencia adscrita a la Presidencia, duplica funciones que ya cumplen el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública, porque los delitos que dice vigilar —traición, espionaje, sabotaje, terrorismo— ya están tipificados y son investigados por esas otras instancias.

Alegan además que la Dirección no rinde cuentas ni firma informes, y que ha sido usada para perseguir sindicatos, movimientos de izquierda y opositores del gobierno de turno. Citan un escándalo de 2008 por uso de datos privados para extorsionar ciudadanos, la denuncia de una exministra sobre revisión obligatoria de teléfonos y computadoras de funcionarios de Casa Presidencial en 2023, y el asesinato en 2025 del exiliado nicaragüense Roberto Samcam, sobre el cual dicen que la DIS nunca aportó información de seguridad.

Sostienen que mantenerla es caro y sin resultados: citan presupuestos del Ministerio de la Presidencia en los que el programa de la DIS absorbió entre el 25,25% y el 27% entre 2022 y 2025, y advierten que ese dinero rendiría más en el OIJ y en la seguridad ciudadana. Recuerdan que desde 2008 se han presentado varios proyectos con el mismo fin, todos archivados o dictaminados negativamente.

Qué dice el texto

• Qué se cierra: Elimina la DIS como cuerpo de policía del país: la saca de la lista de fuerzas de seguridad pública de la Ley General de Policía y deroga las normas que la crean y le dan funciones.
• Los casos abiertos: Las investigaciones activas que puedan ser delito pasan al OIJ y/o al Ministerio Público (la fiscalía); lo meramente preventivo y lo administrativo lo asume el Ministerio de Seguridad Pública.
• Los archivos: Los archivos y expedientes se entregan al Ministerio de Seguridad Pública, que debe remitir a la fiscalía los que impliquen investigaciones penales. Los documentos declarados «Secreto de Estado» quedan bajo custodia de ese Ministerio.
• El personal: Las plazas y el personal pasan al Ministerio de Seguridad Pública, que los ubica en los distintos cuerpos policiales según especialidad e idoneidad; también se puede convenir su traslado al OIJ.
• Quién queda fuera: Quien no sea trasladado es cesado con el pago de sus extremos laborales, es decir su liquidación; el Ejecutivo debe prever la plata para eso y respetar los derechos laborales adquiridos.
• La plata: La mitad del presupuesto de la DIS se traslada al OIJ para crear plazas de personal de investigación, y la otra mitad al Ministerio de Seguridad Pública para seguridad ciudadana.
• Nueva falta grave: Convierte en falta grave, para cualquier persona funcionaria de los cuerpos policiales del país, subordinarse a órdenes o instrucciones de gobiernos o entidades extranjeras.
• Los tiempos: El Ejecutivo tiene seis meses desde que rige la ley para concretar el traslado de recursos, bienes y personal, y el siguiente Presupuesto Ordinario de la República debe reflejar el movimiento de las partidas.