Préstamo del BIRF para riesgo social

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que los déficits fiscales repetidos y el alza de la deuda pública obligaron al país a un ajuste desde la Ley 9635 de 2018, y que los avances en protección social se vieron golpeados por los rezagos de la pandemia de COVID-19, el alza de precios internacionales, condiciones financieras más duras, el cambio climático y las tensiones por los conflictos entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamás.

Sostienen que el gasto en asistencia social está fragmentado y mal focalizado, y que hace falta reforzar el SINIRUBE —el registro único de personas beneficiarias de programas del Estado—, coordinar mejor los programas y abaratar la entrega de las ayudas. Agregan que, sin fuentes externas, el Gobierno presiona el mercado local de deuda y eso empuja las tasas de interés, con efectos sobre la inversión privada, el empleo y las cuotas de crédito de la gente.

Citan que el presupuesto de 2025 destina 43,5% al servicio de la deuda y que a diciembre de 2024 la deuda equivalía a 59,8% del PIB, la producción anual del país, frente a 61,1% al cierre de 2023.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 11 de marzo de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• El monto y quién paga: Aprueba un endeudamiento de hasta USD 200 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, del Banco Mundial). El deudor es el Gobierno: el Ministerio de Hacienda paga amortización, intereses y comisiones, con apoyo del IMAS.
• Plata solo si hay crisis: Es un crédito contingente: la plata queda disponible y se retira cuando el país enfrente eventos adversos económicos o sociales que le exijan liquidez, sujeto a las condiciones de la matriz de políticas pactada.
• El costo del crédito: La tasa es la SOFR —tasa de referencia en dólares— más un margen variable de 1,84%, estimada en 6,53%. Cobra además una comisión inicial de 0,25% del préstamo, una sola vez, y 0,50% anual sobre lo que no se haya desembolsado.
• Los plazos: El crédito es a 33,5 años, con 6 años de gracia y 27,5 de amortización. El período para retirar los fondos es de 3 años, renovable hasta tres veces, con un máximo de 12 años.
• A qué se compromete el país: Los fondos respaldan un programa de dos pilares: ampliar el uso y la calidad del SINIRUBE, el registro único de personas beneficiarias, y reducir la fragmentación de los programas de asistencia, con más pagos digitales.
• En qué se puede gastar: Los recursos se usan solo para lo dispuesto en el contrato y se manejan por unidad de caja: entran al fondo común del Estado, sin cuenta separada. El Ejecutivo puede sustituir por decreto ingresos internos por estos, sin cambiar el destino del gasto.
• Sin impuestos: Los documentos necesarios para formalizar el contrato quedan libres de impuestos, timbres, tasas, contribuciones y derechos, y su inscripción en los registros no paga nada.