Préstamo BIRF-BID para sistema educativo

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que Costa Rica logró ampliar el acceso a la educación en preescolar, primaria y secundaria, pero que persisten fallas de calidad y equidad en los aprendizajes básicos. Citan evaluaciones nacionales de sexto grado y la prueba internacional PISA para afirmar que buena parte de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo en lectura y matemáticas, y que la pandemia agravó ese rezago.

Agregan que hay brechas por género, condición migratoria y pertenencia a pueblos indígenas, falta de materiales en lenguas maternas, formación docente desactualizada, exceso de trámites internos del MEP y juntas de educación que no logran ejecutar los fondos que administran. También afirman que la inversión educativa tuvo su mayor contracción en cuatro décadas.

Sostienen además que la economía se movió hacia sectores de alta tecnología y que existe una brecha entre lo que enseña el sistema educativo y lo que pide el mercado laboral, por lo que plantean el endeudamiento como la vía para financiar la transformación pedagógica, digital y administrativa del MEP.

Qué dice el texto

• Quién debe y quién paga: El prestatario es el Gobierno de la República y el organismo ejecutor es el MEP. A Hacienda le corresponde pagar el servicio de la deuda: amortización, intereses y comisiones de ambos créditos.
• En qué se puede gastar: Los recursos solo pueden usarse en el proyecto educativo: recuperación de aprendizajes, materiales y equipo tecnológico, formación docente, programas para estudiantes indígenas y migrantes, y modernización de los sistemas del MEP.
• Quién lo administra: Crea la Unidad Coordinadora del Proyecto adscrita al MEP, con desconcentración máxima y personalidad jurídica: puede firmar contratos y autorizar pagos por su cuenta. La dirige un Gerente General cuya plaza debe presupuestar el MEP.
• Las compras: Las adquisiciones se rigen por las reglas del Banco Mundial y del BID, que prevalecen sobre la ley nacional, y quedan fuera de los procedimientos de contratación pública y de su régimen de impugnaciones.
• Los límites que sí se mantienen: Aun con esa exclusión, siguen aplicando los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de la contratación administrativa, o sea las reglas sobre quién no puede contratar con el Estado.
• Exoneración de impuestos: Libera de impuestos, timbres, IVA, impuesto selectivo de consumo y aranceles de importación las compras del proyecto hechas por la Unidad Coordinadora o sus contratistas, mientras dure la ejecución.
• Requisito para exonerarse: Para recibir esas exoneraciones, los beneficiarios deben estar al día con Hacienda y con la CCSS, y tramitarlas por el procedimiento que fije el Ministerio de Hacienda.