Préstamos BCIE y BEI para el TRP

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la Gran Área Metropolitana arrastra una crisis de movilidad: congestión vial, dependencia del vehículo privado y falta de inversión sostenida en transporte público. Describen una red ferroviaria deteriorada, con vía de circulación en un solo sentido, puentes y durmientes viejos, sin señalización moderna ni centros de control, y con trenes remanufacturados que encarecen el mantenimiento y obligan a suspender operaciones.

Agregan que un intento anterior de financiar el tren bajo un modelo de concesión de obra pública no dejó definidos el monto del subsidio de operación, su método de cálculo ni el reparto de riesgos. Citan informes de la Contraloría General de la República y criterios del Banco Central que advertían exposición fiscal y falta de análisis de riesgos, y dicen que por eso el proyecto se reformuló para que el Estado construya y equipe la obra.

Plantean que sin esta inversión el sistema seguirá sin capacidad para operar de forma segura y continua, y que el tren eléctrico bajaría tiempos de viaje, emisiones contaminantes y costos logísticos.

Qué dice el texto

• El destino de la plata: Los recursos de los dos préstamos solo pueden usarse en el proyecto del tren; el Poder Ejecutivo los mete al presupuesto por decreto y los administra bajo unidad de caja, o sea entran a la bolsa única del Estado.
• Quién ejecuta: INCOFER dirige, ejecuta y supervisa la obra y responde por las condiciones de los préstamos, con un manual operativo aprobado por los bancos que financian.
• Las compras: Saca las compras financiadas con los préstamos de la contratación pública nacional: se rigen por las políticas del BCIE y del BEI, incluidas las objeciones al cartel y las apelaciones. Lo que se pague con fondos nacionales va por licitación reducida.
• Los impuestos: Exonera de IVA, impuesto selectivo de consumo y aranceles las compras de INCOFER, sus contratistas, subcontratistas y la concesionaria para el tren, incluidos los combustibles vendidos por RECOPE y la electricidad, mientras dure la ejecución.
• Las expropiaciones: Ordena adquirir los terrenos de forma expedita y faculta a la Unidad de Gestión e Implementación del TRP a hacer directamente planos, avalúos y dictámenes; los trámites e inscripciones quedan libres de timbres y derechos de registro.
• El apoyo de otras instituciones: Autoriza a ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas —salvo la CCSS— a ceder, donar o arrendar gratis bienes y trasladar personal a INCOFER; las prestatarias de servicios públicos deben mover sus redes en el plazo que fije el ejecutor.
• La regla fiscal: Los gastos del proyecto, con plata de los préstamos o de contrapartidas, quedan fuera del título de responsabilidad fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que limita el crecimiento del gasto público.