Adhesión al DEPA

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman —el Poder Ejecutivo— parten de que la digitalización se aceleró en todos los ámbitos y que el comercio digital necesita reglas comunes, claras y flexibles entre países. Sostienen que el DEPA, acuerdo plurilateral (entre varios países) nacido de Chile, Nueva Zelanda y Singapur, es la herramienta para eso, y que entrar en él le permitiría a Costa Rica consolidarse como centro digital de la región, atraer inversión extranjera y reforzar la seguridad jurídica en datos personales, pagos electrónicos y protección al consumidor en línea.

Citan el informe OECD Digital Economy Outlook 2024: el sector de tecnologías de información y comunicación creció en promedio 6,3% anual entre 2013 y 2023 y 7,6% solo en 2023. Citan también a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que reportó 5.400 millones de usuarios de Internet en 2023 frente a 1.000 millones en 2005, y datos propios: las exportaciones de servicios crecieron cerca de 10% anual en la última década y en 2024 los servicios fueron 74,2% del PIB y 45% de las exportaciones.

Agregan que aprobar en un mismo acto el acuerdo, su protocolo y las condiciones de ingreso es requisito indispensable para que la adhesión tenga efecto jurídico y pueda aplicarse.

Qué dice el texto

• Datos hacia afuera: Obliga al país a permitir el envío de información por medios electrónicos fuera de sus fronteras, incluidos datos personales, cuando sea para el negocio de una persona de otro país miembro.
• Servidores en el país: Prohíbe exigirle a una empresa que use o instale sus instalaciones informáticas —servidores y equipo de cómputo— en territorio nacional como condición para hacer negocios acá.
• Los portillos: El Estado sí puede apartarse de esas dos reglas para un objetivo legítimo de política pública, siempre que la medida no discrimine de forma arbitraria ni restrinja más de lo necesario para lograrlo.
• Claves y cifrado: Prohíbe exigirle al fabricante de productos comerciales que usan criptografía que entregue claves privadas o detalles de diseño, se asocie con alguien local o use cierto algoritmo. No aplica a compras del gobierno ni a redes estatales.
• Y la policía: Deja claro que las autoridades encargadas de aplicar la ley sí pueden pedirle a un proveedor que controla el cifrado que entregue las comunicaciones sin encriptar, siguiendo los procedimientos legales del país.
• Productos digitales: Prohíbe dar peor trato a los productos digitales —los que se transmiten electrónicamente— de otros países miembros frente a productos similares. Excluye subsidios estatales y la radiodifusión.
• Cuándo rige: Costa Rica debe depositar el instrumento de adhesión a más tardar el 16 de mayo de 2026 y queda como Parte 60 días después, o cuando todos los miembros notifiquen su aprobación, lo que pase de último.