Aguas transfronterizas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman —el Poder Ejecutivo— parten de que Costa Rica ha buscado posicionarse como líder ambiental firmando acuerdos internacionales, y sostienen que sumarse al Convenio de Helsinki de 1992 sobre aguas compartidas entre países sería coherente con esa línea. Explican que el Convenio nació abierto solo a países de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), el foro regional europeo de la ONU, y que tras una enmienda cualquier Estado miembro de Naciones Unidas puede adherirse y votar en sus decisiones.

Citan que alrededor del 71% del flujo de agua dulce de la región latinoamericana es compartido por dos o más países, y señalan que Panamá ya lo ratificó, por lo que la adhesión abriría cooperación en asuntos fronterizos con ese país.

Sostienen que el Convenio funciona como espacio de diálogo, vigilancia conjunta, investigación y desarrollo de capacidades, como herramienta de prevención de conflictos entre Estados, y que daría acceso a cooperación bilateral y multilateral, recursos financieros e inversiones para las zonas transfronterizas.

Qué dice el texto

• Qué se aprueba: Aprueba en todas sus partes la adhesión de Costa Rica al Convenio de Helsinki sobre protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales: aguas que marcan, cruzan o están en la frontera entre países.
• La obligación central: El país queda obligado a tomar todas las medidas apropiadas para prevenir, controlar y reducir el impacto transfronterizo, o sea el daño ambiental serio que una actividad hecha de este lado pueda causar en el territorio de otro país.
• Cómo se usa el agua: Obliga a que las aguas compartidas se usen de forma razonable y equitativa y con una gestión ecológicamente idónea, y a apoyarse en la mejor tecnología disponible, la fase más reciente de un proceso que sirva para limitar vertidos y desechos.
• Con los países vecinos: Los países que comparten las mismas aguas deben cooperar mediante acuerdos entre ellos, crear órganos comunes —comisiones binacionales u otros arreglos institucionales— y hacer consultas y vigilancia conjunta.
• Si hay pleito: Las disputas sobre cómo se interpreta o aplica el Convenio se negocian primero; cada país puede declarar que acepta como obligatoria la Corte Internacional de Justicia, el arbitraje, o ambos, y en ese caso el pleito va a la Corte.
• El arbitraje: Si se va a arbitraje, resuelve un tribunal de tres árbitros; el laudo es firme y vinculante, y cada parte paga en igual proporción los gastos del tribunal, salvo que este disponga otra cosa.
• Salirse del Convenio: Costa Rica puede denunciar el Convenio, es decir retirarse, por escrito y solo después de tres años desde que le entró en vigor; el retiro surte efecto noventa días después de recibida la notificación.