Póliza legal para policías

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la policía toma decisiones en fracciones de segundo, usando la fuerza e incluso armas de fuego, y que por eso cualquier actuación —aun siendo legítima— puede terminar en una denuncia o un proceso penal por delitos como abuso de autoridad, lesiones u homicidio culposo. Sostienen que ese riesgo nace de la función y no de la vida privada de la persona funcionaria.

Describen que, cuando eso ocurre, el policía debe contratar defensa privada y pagar honorarios, costas y demás gastos con su propio salario, aun cuando muchos casos terminan en archivo, sobreseimiento o absolución, es decir, sin condena. Alegan que eso genera desigualdad frente a otros servidores públicos que no corren ese riesgo y desincentiva la reacción firme ante la delincuencia por temor a enfrentar un juicio sin respaldo.

Citan dictámenes de la Procuraduría General de la República sobre el carácter coactivo y especializado de la función policial, y estándares internacionales —la Resolución 690 del Consejo de Europa y el Código de conducta de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley— que, según afirman, reconocen el derecho de la policía a garantías de defensa junto con el deber de rendir cuentas.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 6 de agosto de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Qué cubre: El Estado suscribe una póliza que paga la defensa legal y la responsabilidad civil (la plata que se le reclame por daños) de la persona policía acusada penalmente por actos de su función policial.
• A quién le toca: Aplica a los miembros de las fuerzas de policía amparados por la Ley General de Policía, y solo por acusaciones penales derivadas del ejercicio de sus funciones policiales propiamente dichas.
• La condición: La cobertura opera únicamente si la persona funcionaria ejecutó sus funciones conforme a las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos.
• Cuándo no cubre: Quedan fuera los hechos que vienen de decisiones administrativas, los actos con dolo o culpa grave (intención o descuido muy grosero) y cualquier conducta que viole derechos humanos.
• Qué es función policial: Según la exposición de motivos, cuenta como función policial la labor operativa, preventiva y coercitiva en el terreno; no las tareas administrativas, técnicas, profesionales o docentes, aunque quien las haga tenga nombramiento policial.
• Lo que no cambia: La póliza no exime de responsabilidad penal ni civil ni limita la potestad del Estado de investigar y sancionar delitos cometidos por policías.
• El costo: El texto no fija monto de la póliza, aseguradora ni fuente de financiamiento; la ley regiría a partir de su publicación.