Contratación de juntas de educación

El problema que dice venir a resolver

Quien lo firma parte de que las juntas de educación son entidades de derecho público con personas que ocupan el cargo ad honorem, sin oficinas especializadas en compras, y que las asociaciones de desarrollo comunal son organizaciones privadas de interés público integradas por vecinos. Sostiene que exigirles las mismas cargas de trámite que a una administración contratante ordinaria no es proporcional a esa realidad organizativa.

Señala que la Ley General de Contratación Pública obliga a tramitar toda compra por el Sistema Digital Unificado —Sicop— y que usar otro medio acarrea nulidad absoluta, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Por eso dice que la excepción debe crearse por ley expresa y no puede leerse como el fin de las obligaciones de transparencia.

Cita opiniones de la Procuraduría General de la República sobre la naturaleza pública de las juntas y privada de las asociaciones, y el artículo 27 de la Ley de Juntas de Educación, que las somete a fiscalización del MEP, la municipalidad y la Contraloría, para argumentar que los controles sobre los recursos se mantienen.

Qué dice el texto

• Las juntas de educación: Aplican la Ley General de Contratación Pública completa solo si la compra supera el 50% del límite inferior del umbral de licitación menor; por debajo de ese monto deben respetar el régimen de prohibiciones y los principios de la contratación.
• Compras fuera de Sicop: Las juntas de educación y las asociaciones de desarrollo comunal quedan exceptuadas de usar obligatoriamente el Sistema Digital Unificado, Sicop, para promover y tramitar sus procedimientos de compra.
• Lo que sigue obligando: La excepción no las libera de los procedimientos, principios, prohibiciones, requisitos y demás obligaciones de la Ley General de Contratación Pública cuando les corresponda aplicarla de forma integral.
• El expediente de cada compra: Cada contratación fuera de Sicop debe constar en un expediente físico o electrónico con la necesidad que la origina, el objeto, la estimación y el monto, la fuente de financiamiento, los oferentes, el proveedor elegido y la justificación.
• La publicidad: Debe garantizarse la publicidad de la información básica de esas contrataciones, y el reglamento no puede suprimir ni reducir los mínimos de documentación, publicidad y fiscalización que fija la ley.
• Las asociaciones comunales: No se les cambia el umbral que ya rige para los sujetos privados que manejan fondos públicos: lo único que cambia es que no tienen que tramitar el procedimiento por Sicop cuando por el monto deban aplicar la ley completa.
• El reglamento: El Poder Ejecutivo debe reglamentar los medios, formatos y plazos de documentación y publicidad dentro de los seis meses siguientes; si no lo hace, la ley igual se aplica.