Los cuidados como derecho constitucional

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las tareas de cuidado, en general no reconocidas ni remuneradas, quedan reguladas apenas de forma parcial en los códigos de familia y en las licencias laborales, y que esa omisión profundiza la desigualdad de género y la desigualdad en pobreza y distribución de la riqueza. Afirman que en Costa Rica y en la región han sido pocos los pasos institucionales para repartir socialmente el cuidado y ponerlo en la agenda pública. Citan compromisos regionales asumidos por los Estados —los Consensos de Quito, Brasilia y Santo Domingo y la Estrategia de Montevideo— y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que según explican es el primer tratado obligatorio para el país que reconoce expresamente el derecho a los cuidados. Plantean que hace falta un precepto general en la Constitución que habilite leyes y políticas públicas sobre cuidados.

Qué dice el texto

• El derecho nuevo: Establece en la Constitución que toda persona tiene derecho fundamental a los cuidados, como elemento esencial para el sustento de su vida y su desarrollo integral.
• Qué debe dar el Estado: Obliga al Estado a garantizar servicios públicos de acceso universal para cumplir con los cuidados, con enfoque de derechos humanos.
• A quién cubre: Alcanza a las personas en situación de dependencia, es decir quienes necesitan de otras para la vida diaria, y también a quienes están a cargo de cuidarlas, sea que les paguen o no.
• El trabajo de cuido: Reconoce en la Constitución que el trabajo de cuidados y el doméstico son fuente esencial de la protección social y de la generación de bienes y servicios para la economía.
• Derechos laborales: Obliga al Estado a garantizar la protección de los derechos laborales de quienes realizan trabajo de cuidados y trabajo doméstico.
• Qué no define: Es una reforma parcial de la Constitución: fija el principio general, sin crear programas, requisitos ni montos; esos quedarían para leyes y políticas posteriores.