Proselitismo político en centros educativos

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que la educación no solo transmite conocimientos, sino que forma ciudadanía, y que por eso el estudiantado debe poder conocer y discutir la realidad política y electoral del país. Sostienen que hay una diferencia sustancial entre la educación cívica —informar, analizar, contrastar posiciones— y el proselitismo político-partidario, que busca captar adhesiones para una opción determinada.

Afirman que el ordenamiento ya reconoce esa diferencia: citan la Ley Fundamental de Educación, que prohíbe la propaganda de política electoral dentro de las instituciones de enseñanza, y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que distinguen entre actividades partidarias de organización interna y aquellas de naturaleza propagandística.

Plantean que incorporar la prohibición al artículo del Código Electoral que ya limita la propaganda por motivos religiosos y la contraria a los derechos políticos de las mujeres es lo sistemáticamente adecuado, y que así no hace falta crear un régimen de sanciones aparte ni llevar el tema al Código Penal.

Qué dice el texto

• Qué se prohíbe: Toda forma de propaganda político-electoral y todo acto de proselitismo partidario, o sea cualquier actividad dirigida a promover, favorecer, desalentar o captar adhesión a partidos, candidaturas o precandidaturas de elección popular.
• Dónde aplica: Dentro de centros educativos públicos y privados reconocidos por el Estado, y también fuera de ellos cuando ocurra con ocasión de actividades educativas dirigidas al estudiantado.
• Qué sigue permitido: Las actividades académicas, de educación cívica, análisis político, debate y formación de pensamiento crítico no quedan impedidas por la prohibición.
• Los actos partidarios autorizados: Tampoco se impiden las actividades político-electorales que estén legítimamente autorizadas conforme al ordenamiento jurídico y a las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones.
• La sanción: El proyecto no crea multas nuevas. Quienes lo firman explican que, al colocarse la prohibición en el artículo 136 del Código Electoral, le aplica la multa ya prevista de diez a cincuenta salarios base para personas físicas o jurídicas.
• A quién alcanza: La prohibición se redacta sobre la conducta, sin limitarla a docentes o a personal educativo: alcanza a cualquiera que realice propaganda o proselitismo en esos espacios o actividades.