Recuperación de la flota policial

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que el país vive un deterioro de la seguridad ciudadana —más homicidios, crimen organizado y narcotráfico— y que, al mismo tiempo, buena parte de la flotilla policial está inmovilizada por su antigüedad, el uso intensivo, la falta de repuestos y la lentitud de los trámites para repararla. Afirman que cada patrulla fuera de servicio alarga los tiempos de respuesta y reduce la presencia policial en las comunidades.

Citan comparecencias del entonces ministro de Seguridad Pública, que habló de 759 vehículos policiales fuera de servicio al discutirse el presupuesto de 2025, de unidades con más de 900.000 kilómetros y de un alto porcentaje de modelos 2013 y 2014; mencionan además unas 600 patrullas inmovilizadas en 2023 y al menos 527 en 2025, y un informe de la Contraloría General de 2017 que halló debilidades en la planificación y el control del mantenimiento vehicular del Ministerio.

Agregan que el procedimiento ordinario de contratación, aunque da transparencia, no calza con reparaciones que podrían resolverse en pocos días, de modo que fallas menores dejan vehículos parados por periodos largos y encarecen su reparación o sustitución futura.

Qué dice el texto

• Qué se exceptúa: El diagnóstico, el mantenimiento preventivo y correctivo, la recuperación operativa, los repuestos, insumos y mano de obra para poner de nuevo en servicio patrullas y vehículos policiales de emergencia quedan fuera del concurso ordinario.
• Quién puede usarla: El Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y las demás instituciones públicas y municipalidades que tengan cuerpos policiales creados por ley.
• El INA primero: Las contrataciones deben hacerse de manera prioritaria con el INA, que repararía las unidades aprovechando su formación técnica en mecánica automotriz.
• Cuándo entran privados: Solo si el INA certifica formalmente que no tiene capacidad técnica u operativa inmediata para toda la necesidad o parte de ella, se puede contratar talleres especializados o proveedores privados inscritos en Sicop, la plataforma estatal de compras.
• El control: Dentro de los cinco días hábiles siguientes a firmar cada contrato o convenio, la institución debe mandar el expediente a su Auditoría Interna y avisar a la Contraloría General para la fiscalización posterior.
• El reglamento: El Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de seis meses para reglamentar la ley y hacer los ajustes necesarios en la plataforma Sicop.