Personas defensoras de derechos humanos

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que defender los derechos humanos es en sí un derecho humano. Sostienen que las personas defensoras están entre las poblaciones más expuestas a amenazas, ataques y violencia por su labor. Citan informes de la ONU que describen una impunidad generalizada y un riesgo mayor para quienes protegen el ambiente, se oponen al acaparamiento de tierras o defienden a pueblos indígenas.

Afirman que Costa Rica no está exenta. Repasan casos de defensores ambientales e indígenas asesinados o atacados, como Jairo Mora, Sergio Rojas y Jehrry Rivera, y el del exiliado nicaragüense Roberto Samcam. Según el texto, no son hechos aislados y el Estado no ha respondido en proporción a ellos.

Sostienen que al Estado le toca enfrentar esa impunidad, porque si persiste se repiten las violaciones y las víctimas y sus familias quedan sin protección ni verdad. Reconocen que la reforma no acaba con las amenazas, pero la presentan como una señal positiva hacia quienes defienden derechos.

Qué dice el texto

• Matar a un defensor: Matar a una persona defensora o activista de derechos humanos con ocasión de su activismo o causa se agrega a la lista de homicidios agravados del Código Penal. Agravado significa que lleva más cárcel.
• Privarlo de libertad: Privar de libertad a una persona defensora mientras realiza su labor, o por causa de ella, pasa a ser privación de libertad agravada, con una pena de cárcel mayor.
• Quién cuenta: Cuenta como persona defensora o activista quien, sola o en grupo, actúa o desea actuar para promover, proteger o procurar la protección y realización de los derechos humanos.
• Sus compañeros: Integrantes de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones, inscritas o no, ligadas a la víctima por su labor pueden recibir la protección y asistencia que la ley da a las víctimas. Aplica si ellos o sus familias corren riesgo grave.
• Las medidas: La autoridad puede ordenar las medidas de protección que el caso requiera. Para cumplirlas, el juez puede pedir ayuda a la policía administrativa y a la policía judicial.
• Si las incumplen: Si alguien desobedece una medida, la autoridad debe testimoniar piezas, o sea enviar copia de lo actuado al Ministerio Público para que investigue.