Artículo 4 bis de la Ley del AyA

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el AyA y los demás operadores solo dan agua a quien demuestre ser dueño o tener derechos sobre el inmueble, o a quien tenga permiso del dueño. Sostienen que esa exigencia nace de la hipoteca legal, una garantía que la ley impone sobre la propiedad sin consentimiento del dueño para cobrar el servicio, y que deja sin acceso a personas en asentamientos informales o irregulares.

Alegan que la Constitución reconoce el agua potable como derecho humano. Citan resoluciones de la Sala Constitucional y tratados internacionales, como el Protocolo de San Salvador, un acuerdo interamericano sobre derechos económicos y sociales, que según ellos no atan ese derecho a la propiedad.

Sostienen que en la práctica esa hipoteca casi no sirve para cobrar. Citan un dictamen de la Procuraduría que considera personal el derecho del AyA frente al usuario, o sea que se le cobra a la persona y no a la casa. Agregan que el AyA conserva una vía rápida de cobro, porque sus certificaciones de deuda valen como título ejecutivo: un documento que basta para reclamar el pago ante un juez.

Qué dice el texto

• La hipoteca legal: Desaparece la hipoteca legal de la Ley General de Agua Potable y de la ley del préstamo para la II etapa del Acueducto Metropolitano: las deudas de agua dejan de quedar cargadas sobre la propiedad.
• Sin título de propiedad: El AyA y los demás operadores deben crear mecanismos flexibles para que personas en asentamientos informales o sin título formal pidan el servicio, siempre que la conexión sea técnicamente factible.
• Asentamientos informales: Quien viva en un asentamiento informal, irregular o mixto debe cumplir los requisitos que el reglamento fije para esos casos. La ley no detalla cuáles son.
• Ayudas sociales: Para poder recibir programas de interés social, quienes vivan en un asentamiento informal deben estar al día con el pago de sus servicios al AyA.
• El cobro: Los operadores deben ajustar reglamentos y procesos, en un plazo máximo que fija la ley, para asegurar el cobro, contener el agua no contabilizada (la que se pierde o no se factura) y proteger sus finanzas.