Participación ciudadana ambiental

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que el derecho a participar en las decisiones ambientales está reconocido en declaraciones internacionales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la de la Sala Constitucional, que lo deriva del principio democrático. Sostienen que, pese a ese reconocimiento, las reglas legales costarricenses son escuetas y el tema se desarrolla sobre todo por decreto ejecutivo.

Señalan que ese reglamento no exige demostrar aceptación social ni consentimiento comunitario —salvo en consulta indígena—, no regula lenguaje no técnico, formatos accesibles ni plazos mínimos para analizar la información, y no obliga a mostrar si las observaciones de la gente realmente influyeron en la decisión. Agregan que tampoco fija reglas generales para grupos vulnerabilizados ni para barreras digitales o territoriales.

Citan una guía de un grupo regional de trabajo sobre evaluación de impacto ambiental del que Costa Rica fue parte, según la cual la participación debe ser continua, temprana e inclusiva. Advierten que simplificar trámites y recortar plazos puede reducir las oportunidades efectivas de participar y tensionar la obligación de no retroceder en ese derecho.

Qué dice el texto

• Qué se exige: Todo proyecto que requiera evaluación de impacto ambiental debe tener participación temprana, informada, inclusiva y con capacidad real de incidir. No basta con divulgar, dejar ver el expediente o recibir observaciones.
• La información y los plazos: La información técnica, jurídica y social debe entregarse antes, gratis y en formatos accesibles, con resúmenes no técnicos, lenguaje claro y traducciones cuando corresponda, y con plazos suficientes para hacer observaciones.
• El plan de participación: En proyectos de impacto moderado o alto, o ubicados en áreas frágiles, territorios indígenas, zona marítimo terrestre o zonas con conflictos socioambientales, el desarrollador debe presentar un Plan de Participación Ciudadana.
• Cuándo hay audiencia pública: La autoridad ambiental debe convocar audiencia en proyectos de alto impacto, con Estudio de Impacto Ambiental, en áreas frágiles, territorios indígenas, zona marítimo terrestre o áreas protegidas, o si lo pide una comunidad o municipalidad con razones.
• No todo por internet: La participación no puede depender solo de medios digitales: cuando el proyecto lo amerite deben hacerse actividades presenciales, en horarios y lugares que permitan asistir, de preferencia en la zona directamente afectada.
• Grupos con barreras: La autoridad debe tomar medidas para que participen mujeres, personas adultas mayores, juventudes, personas con discapacidad y comunidades rurales, costeras, campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras.
• Si se incumple: Incumplir de forma sustancial estas obligaciones es un vicio esencial del procedimiento y puede anular la viabilidad ambiental otorgada, o sea el permiso del proyecto, además de responsabilidades administrativas, civiles o penales.