Información no divulgada

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman parten de que los secretos comerciales e industriales —información confidencial que le da a una empresa una ventaja frente a las demás— son clave para competir, y que la Ley de Información No Divulgada los protege siempre que se mantengan secretos y su dueño tome medidas razonables para que así sigan.

Sostienen que en 2008, con la Ley 8656, se derogaron los artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia que castigaban penalmente divulgar esos secretos y obtenerlos por medios ilícitos, y que quedó un vacío. Señalan que esa información suele guardarse en medios digitales y sistemas informáticos, con la vulnerabilidad que eso implica.

Afirman que sin sanciones penales específicas no hay un efecto disuasorio frente a las amenazas del entorno digital, y que incorporarlas da una herramienta para perseguir estas conductas y aporta seguridad jurídica a la protección de los activos intangibles.

Qué dice el texto

• Contar el secreto: Castiga con uno a cinco años de prisión a quien divulgue, sin permiso del dueño, información confidencial que conoció por su oficio, empleo, relación contractual o profesión, si eso puede perjudicar al titular.
• Espiar a la empresa: Misma pena para quien accede a un secreto comercial por intromisión indebida, con el fin de revelarlo o sacarle plata: meterse a las dependencias de la empresa o grabar con aparatos lo que pasa adentro.
• Grabar conversaciones: Cuenta como intromisión captar con dispositivos técnicos la voz o la imagen de conversaciones, acciones o situaciones sobre la empresa, cuando los involucrados esperaban legítimamente no ser vistos, oídos, filmados ni grabados.
• Meterse a los sistemas: También es intromisión entrar a un sistema informático sin autorización, o pasándose de los límites de la que le dieron, venciendo barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad.
• Copiar el archivo: La misma pena de uno a cinco años aplica a quien reproduce en cualquier formato la información que constituye el secreto, sin permiso de su poseedor, para revelarla o aprovecharse económicamente de ella.
• Si es funcionario público: El funcionario que, por su cargo, revele, divulgue o use indebidamente información no divulgada recibe la misma pena de prisión y además queda inhabilitado para ejercer cargos u oficios públicos de uno a tres años.
• Quien debía guardar silencio: Uno a cinco años a quien revele o deje que un tercero acceda a un secreto que conoció bajo deber de confidencialidad por un cargo público o una profesión con título reconocido, o por trabajo o contrato con la empresa afectada.