Comunidad de Policías de América

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que las redes criminales se fortalecieron aprovechando la globalización y la integración regional, y que la cooperación policial internacional es necesaria para enfrentar al crimen organizado que cruza fronteras. Afirman que aprobar el tratado incorpora esos compromisos al derecho costarricense y facilita el intercambio de información, las estadísticas criminales, el asesoramiento técnico y las investigaciones conjuntas con las policías de los otros países.

Recuerdan que AMERIPOL nació en 2007 como mecanismo de coordinación, con un estatuto suscrito en Bogotá y modificaciones en 2012, y que el tratado de Brasilia de noviembre de 2023 la convierte en un organismo con personalidad jurídica internacional: puede actuar por sí mismo en el plano internacional. La describen como el principal mecanismo de cooperación policial del hemisferio y como puente con cuerpos como INTERPOL y EUROPOL.

Dicen que, con la ratificación, el país tendría acceso a redes regionales seguras de información criminal y a más talleres y seminarios de capacitación. Advierten además que, como en Costa Rica la investigación, la prevención y la operación no están concentradas en un solo cuerpo policial, hay que sopesar bien dónde se ubica la Unidad Nacional.

Qué dice el texto

• La oficina de enlace: El país debe crear o designar una Unidad Nacional AMERIPOL, con personal suficiente, que sirva de puente entre el organismo y los cuerpos de policía y seguridad pública nacionales.
• Los datos que se comparten: El Estado debe asegurar que esa unidad tenga acceso a los datos nacionales pertinentes; ella entrega información y asesoría a AMERIPOL, responde sus solicitudes y vela por la legalidad de cada intercambio.
• El límite a la información: Las unidades nacionales no quedan obligadas a transmitir datos que puedan afectar la seguridad nacional, y la difusión interna de lo que envía AMERIPOL se hace según el derecho nacional.
• La plata: AMERIPOL se financia con cuotas obligatorias de los países, con la escala fijada por consenso en la Asamblea General, y con aportes voluntarios que la Asamblea apruebe. Las cuentas se revisan una vez al año.
• Quién decide: La Asamblea General es la máxima instancia, con un voto por país; la Presidencia dura dos años sin reelección seguida y el Secretario Ejecutivo dos años, reelegible una vez, y debe ser policía en servicio activo.
• Investigaciones conjuntas: Habilita Equipos Conjuntos de Investigación, o sea investigaciones policiales coordinadas entre países, siempre conforme a las reglas internas de cada Estado.
• Sede, inmunidades y salida: La sede queda en Bogotá; el organismo y sus funcionarios gozan de privilegios e inmunidades necesarios para su función. Un país puede denunciar el tratado por escrito y el retiro surte efecto seis meses después.