Acciones afirmativas indígenas

El problema que dice venir a resolver

Quienes lo firman sostienen que la discriminación contra los pueblos originarios viene desde la colonización y sigue vigente, y que ni la Ley Indígena N.° 6172 de 1977 ni el Convenio 169 sobre pueblos indígenas —ratificado por la Ley N.° 7316, que obliga a consultarles antes de decisiones que afecten sus territorios y formas de vida— se han cumplido del todo: señalan que el saneamiento territorial, es decir sacar a ocupantes no indígenas de esas tierras indemnizándolos, sigue pendiente.

Citan el censo de 2011 del INEC: la población indígena sería de 104.143 personas, un 2,4% del país, y un 70,1% de quienes viven en territorios indígenas tendría necesidades básicas insatisfechas, contra un 24,6% nacional. Mencionan además una tasa de ocupación de 16,9% para las mujeres indígenas en sus territorios y una escolaridad promedio de 5,7 años frente a 8,7 años en la población no indígena.

Afirman que sin medidas específicas que corrijan esas desigualdades históricas la brecha se perpetúa, y por eso plantean acciones con un plazo definido de diez años, para poder evaluar resultados y ajustar los programas.

Qué dice el texto

El registro del expediente anota textos actualizados durante el trámite — el último, del 11 de marzo de 2026. Estos puntos describen el texto tal como se presentó.

• Las plazas públicas: Obliga a los entes y órganos públicos a destinar al menos un 2% de los puestos vacantes cada año a personas indígenas que cumplan, en igualdad de condiciones, los requisitos del puesto. Rige por diez años.
• Si nadie indígena aplica: Para nombrar a una persona no indígena en esas plazas hay que documentar de forma fehaciente que se divulgó el porcentaje reservado y que no hubo participación indígena o que quienes participaron no cumplían los requisitos.
• Los cupos del INA: El INA debe apartar al menos un 2% de los cupos de cada oferta educativa para pueblos indígenas y divulgarlo en sus programas, sedes y publicidad. Si no se llenan, puede repartirlos entre el resto de la gente. Rige por diez años.
• Las mujeres indígenas: El INAMU debe incorporar en sus programas acciones específicas de participación política, autonomía económica y acceso a la salud para mujeres indígenas, y medir sus resultados, durante diez años.
• Deporte y recreación: El ICODER coordina la creación de espacios deportivos y recreativos, tanto de deportes convencionales como de los juegos propios de la cosmovisión indígena, con evaluación anual de resultados y por un plazo de diez años.
• Cultura: El Ministerio de Cultura y Juventud queda a cargo de coordinar la apertura de espacios públicos para informar y discutir sobre costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, midiendo resultados cada año en sus planes de trabajo.
• Salud, vivienda e internet: El Estado y las instituciones competentes deben diseñar, financiar y operar planes de salud intercultural, vivienda acorde a la cosmovisión indígena, telecomunicaciones y protección personal; la vivienda debe atender a las mujeres jefas de hogar.